El proyecto de ley, a pesar de carecer aún de validez jurídica, es contrario al derecho internacional y, en particular, de la Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que determina que la ocupación es ilegal.
La iniciativa en la Knesset es contraria al espíritu del plan de paz estadounidense, que ha abierto una oportunidad para alcanzar una paz duradera en la región y a los principios recogidos en la Declaración de Nueva York para la implementación de la solución de los dos Estados.
El Gobierno de España reitera su condena a la expansión de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional, y a cualquier iniciativa para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región. Y a este respecto expresa su profunda preocupación por la situación en Cisjordania, con la violencia impune de los colonos, las operaciones militares, y la estrategia pública de expansión de asentamientos, todos ellos obstáculos para alcanzar la paz y la seguridad.