España es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos, cuya protección y promoción constituye un eje prioritario de nuestra política exterior. La libertad, la justicia y la paz se fundan en el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de todas las personas. España quiere contribuir a un mundo más libre, justo y en paz.
España ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos en dos ocasiones, en 2011-2013 y en 2018-2020. Actualmente, España ha presentado su candidatura al CDH para el periodo 2025-2027. Durante sus mandatos, España ha impulsado particularmente aquellos ámbitos en los que su experiencia permite aportar un valor añadido a la labor del Consejo; entre ellos, la lucha contra la pena de muerte.
Centenares de personas son ejecutadas en el mundo cada año en aplicación de la pena capital en todas las circunstancias y con independencia del delito cometido. En 2010, se creó la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), con sede en Madrid y compuesta por una veintena de personalidades independientes procedentes de todas las regiones del mundo. España, junto con la Unión Europea y la Comisión Internacional, intenta persuadir a otros países de que reduzcan los crímenes castigados con la pena capital, conmuten las condenas a muerte o reformen sus leyes para que los jueces tengan la alternativa de imponer penas privativas de libertad en vez de penas de muerte, avanzando, de este modo, hacia la abolición. Como paso intermedio hacia la abolición completa de la pena de muerte y ante la existencia de barreras culturales, religiosas o jurídicas que la impiden, España promueve la promulgación de moratorias, de hecho o de derecho, con objeto de que deje de aplicarse la pena capital.
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José Manuel Albares en el Palais des Nations de Ginebra, durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos en noviembre de 2021. Foto: NOLSOM-MAEC Asimismo, España identifica como otra prioridad la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Defiende el enfoque de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), cuya adopción ha supuesto un cambio de paradigma en este ámbito al reconocer a las personas con discapacidad como verdaderos sujetos de derechos.
La lucha por igualdad de género es también una de las prioridades de la política exterior española. España participa de manera muy activa, tanto en la Unión Europea como en el sistema de las Naciones Unidas, en la fijación de políticas y creación de instrumentos e instituciones de lucha contra la discriminación por razón de género y defensa de los derechos de las mujeres y niñas.
El reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento se ha convertido en una de las grandes prioridades de la política exterior española de Derechos Humanos y de cooperación para el desarrollo. En el año 2006, España y Alemania emprendieron una iniciativa conjunta a favor del reconocimiento de este derecho en el seno de las Naciones Unidas, considerando que el derecho al agua potable y al saneamiento es indispensable para la realización de otros Derechos Humanos y que es un componente esencial del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante su visita a las instalaciones de acogida temporal a los refugiados de Afganistán en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en agosto de 2021. Foto: Moncloa
La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es clave para España. En los últimos años, nuestro país ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGBTI en diferentes foros multilaterales, como el apoyo al mandato de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la adhesión a los Principios Fundamentales de la Coalición por la Igualdad de Derechos, la pertenencia al LGBT Core Group de las Naciones Unidas, la aplicación de las Directrices de la Unión Europea sobre los derechos de las personas LGBTI o la participación en el Grupo de Puntos focales LGBT del Consejo de Europa.
Con la aportaciones de todos los Ministerios competentes y la consulta realizada a la sociedad civil a la que se remitió el borrador para recabar eventuales comentarios, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación remitió a la Oficina de la ACNUDH a finales de mayo el IX Informe nacional de España ante el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Dicho informe y sus anexos correspondientes se encuentran disponibles a continuación para información y consulta.