CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE REAL DECRETO DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración de los proyectos normativos, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, se abre un periodo de consulta pública previa respecto al presente proyecto normativo.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones y observaciones sobre el proyecto desde el día 14 hasta el día 29 de marzo 2025 inclusive, a través del buzón de correo electrónico: hispaunesco@aecid.es.
Solo serán consideradas las observaciones (respuestas) en las que el remitente esté identificado con el nombre y apellidos, en caso de personas físicas, o con la denominación o razón social, en caso de personas jurídicas.
Con carácter general las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.
Al objeto de facilitar la participación en la consulta pública, se proporciona la siguiente información sobre el proyecto normativo:
1. Antecedentes de la norma
El artículo VII de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (en adelante, UNESCO), norma internacional constitutiva de esta Organización, establece la existencia de Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO y fija como su razón de ser la de asociar a la UNESCO con los principales grupos nacionales que se interesan por los problemas de la educación, la ciencia y la cultura. Esta norma internacional establece igualmente que asesorarán a las delegaciones de sus países respectivos en la Conferencia General y a los países representantes y suplentes en el Consejo Ejecutivo, así como a sus Gobiernos, en todas aquellas cuestiones relacionadas con la Organización, ejerciendo de órganos de enlace para todas aquellas cuestiones que interesen a la Organización. Asimismo, las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO se encuentran reguladas en la Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO, aprobada por la Conferencia General, en su 20.ª reunión de 27 de noviembre de 1978.
En España, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO fue creada por Decreto de 20 de febrero de 1953, modificado por el Real Decreto 2572/1982, de 24 de septiembre, y, posteriormente, por el Real Decreto 972/1994, de 13 de mayo. Actualmente, la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO está regulada por el Real Decreto 173/2004, de 30 de enero, en tanto que órgano colegiado integrado en el organigrama de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (la AECID, regulada por el Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre) y adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas.
2. Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma
El Real Decreto de reestructuración de la Comisión Nacional aprobado en 2004 establece un diseño complejo que dificulta enormemente la constitución y convocatoria de los órganos de la misma. Así, en la actualidad, la Secretaría General es, de hecho, el único órgano activo y funcional de la Comisión Nacional.
A lo largo de estos años se ha constatado que la actual normativa supone un obstáculo a la adecuada articulación de la Comisión Nacional y, con ello, al cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados. Por ello se pretende aprobar un nuevo Real Decreto, que permita dotar a la Comisión Nacional de una mayor funcionalidad y eficacia, para que pueda realizar su fin principal: asesorar la posición de España en los diversos asuntos competencia de la UNESCO.
3. Necesidad y oportunidad de su aprobación
España es miembro de la UNESCO desde el 30 de enero de 1953 y, desde su ingreso en la Organización, ha ido ganando peso progresivamente, llegando a ocupar el 12.º puesto como contribuyente ordinario y a disponer de un Fondo Fiduciario propio con la Organización. Dan buena prueba de ello la pertenencia de España al Consejo Ejecutivo de forma continuada desde 2007, su papel creciente en la Conferencia General y su cada vez mayor implicación en los órganos de gobierno de los principales programas de la Organización, como el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera o el Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental.
Toda esta actividad ilustra las amplias y complejas ramificaciones que constituyen el amplísimo mandato de la UNESCO. Ello requiere una coordinación constante que no solo abarque a la Administración sino también a las cada vez más numerosas entidades de la sociedad civil relacionadas con la UNESCO (cátedras, escuelas, asociaciones, centros y clubes UNESCO). Además, la creciente complejidad temática, tanto cuantitativa, en términos de profundidad, como cualitativa, en términos de número de áreas de actuación, hace necesario, coincidiendo con el proceso de transformación estratégica que atraviesa actualmente la UNESCO, reforzar las capacidades con las que cuenta nuestro país, para que la posición española esté debidamente presente en la Organización y pueda ser oída de forma adecuada.
4. Objetivos de la norma
La futura norma cuenta con los siguientes objetivos:
- Reestructurar la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, para dotarla de la agilidad, la funcionalidad y la eficacia que precisa.
- Fortalecer la presencia de la Comisión Nacional en todos aquellos foros donde su participación resulte conveniente y pueda aportar valor añadido.
- Potenciar el papel coordinador de la Secretaría General, para cumplir los objetivos anteriores.
- Desarrollar una mayor inclusión y participación de la sociedad civil en todas aquellas materias competencia de la UNESCO en las que pueda aportar una perspectiva que enriquezca la posición española en la Organización.
5. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias
a) Dotarse de un nuevo texto normativo que permita la creación de una Comisión Nacional ágil, técnica, funcional y operativa, que pueda asumir con solvencia el desarrollo de los objetivos planteados por la UNESCO a nivel nacional y que pueda, a su vez, contribuir sustantivamente a fijar la posición de la Organización. El nuevo Real Decreto derogará el Real Decreto 173/2004, de 20 de enero, actualmente en vigor.
b) Reformar el Real Decreto 173/2004, de 30 de enero, a fin de actualizar y modernizar su contenido.
c) No modificar la normativa existente. Ello no resultaría aconsejable, a la vista de las deficiencias estructurales diagnosticadas.
La opción a) resultaría la mejor alternativa desde la perspectiva de las directrices de técnica normativa aprobadas por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, que establecen que, con carácter general, es preferible la aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores modificaciones.