Desde su adhesión a las entonces Comunidades Europeas en enero de 1986 hasta la fecha, España se ha beneficiado ampliamente de formar parte de la Unión Europea y ha contribuido de manera destacada a su desarrollo y a la profundización del proceso de integración.
España ha impulsado políticas de gran calado como la Política Agraria Común (PAC), la Política de Cohesión, la profundización del Mercado Interior y la eurozona. También destacan los esfuerzos dirigidos a la construcción del Pilar Social, materializado posteriormente en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, o el exitoso programa de becas y estudios Erasmus, siendo España el país que más estudiantes erasmus recibe.
40 años de España en la Unión Europea: un vistazo histórico
De la mano del incipiente proceso democrático puesto en marcha tras el fin de la dictadura, España solicitó oficialmente su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) el 26 de julio de 1977. Ocho años después, el 12 de junio de 1985, se firmaba el Tratado de Adhesión junto a Portugal, convirtiéndose en miembro pleno el 1 de enero de 1986.
Felipe González Márquez, presidente del Gobierno, durante el acto de la firma del Tratado de Adhesión a la CEE. Aparecen junto al presidente: Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, y Manuel Marín, secretario de Estado de Relaciones con la Comunidades Europeas. 12/6/1985. Fuente: La Moncloa.
A partir de este momento, se logra la integración de la peseta en el Mecanismo de Tipos de Cambio del Sistema Monetario Europeo (1989) y la firma del Acuerdo de Schengen (1991), eliminando progresivamente los controles fronterizos.
Tras esta primera etapa, se produce un nuevo capítulo de evolución y ampliación de competencias y aspiraciones a través de la firma del Tratado de Maastricht (1992), convirtiendo la hasta entonces Comunidad Económica Europea en la Comunidad Europea (CE) e integrándola como un pilar del proyecto que es hoy la Unión Europea (UE).
La rúbrica de este tratado, que daría base al actual Tratado de la Unión Europea (TUE), trajo consigo numerosos avances de manera directa o indirecta:
- El establecimiento de la ciudadanía europea.
- La creación del Comité de las Regiones: órgano que habilita la participación de las regiones y entidades locales en los asuntos comunitarios.
- Instauración de la libre circulación y residencia.
- Implementación del voto activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo: la capacidad de los ciudadanos comunitarios de votar –voto activo– y la capacidad de presentarse como candidato –o voto pasivo.
- Acuerdo en Madrid (1995) sobre la denominación del euro como moneda común.
A partir de estos avances preparatorios e imprescindibles, se sucede la firma y ratificación de los tratados que vertebraron el proyecto europeo: el Tratado de Ámsterdam (1977), el Tratado de Niza (2001), el Tratado por una Constitución Europea (2004) –que, sin llegar a contar con los apoyos necesarios para su entrada en aprobación, impulsó importantes debates– y el Tratado de Lisboa (2009). En concreto:
- El Tratado de Ámsterdam (1997, entrada en vigor en 1999) amplió las competencias de la UE en los ámbitos de Justicia e Interior. Constituyó también el estatus de Regiones Ultraperiféricas –dotado a Canarias, entre otros territorios. España contribuyó decisivamente con la inclusión del artículo 7, que estableció un mecanismo sancionador capaz de restringir derechos de un Estado miembro por no respetar los valores fundamentales de la UE, y con el desarrollo normativo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sobre el cuál se constituiría la figura de la Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden), que introduce el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales.
- El Tratado de Niza (2001, entrada en vigor en 2003): reformó el sistema de votación en el Consejo de la UE, facilitó la preparación institucional para la ampliación de la UE a través de medidas como la limitación de un comisario por Estado miembro o la redistribución de escaños en el Parlamento Europeo.
- El Tratado por una Constitución Europea (2004): fue ratificado por referéndum en España en 2005, desde donde se defendió el equilibrio del sistema institucional y se promovió el refuerzo de la dimensión social y de ciudadanía. No entró en vigor debido a la falta de apoyos en algunos Estados miembros.
- Tratado de Lisboa (2007, entrada en vigor en 2009): modernizó la estructura de la UE introduciendo la “la doble mayoría" al Consejo –decisiones tomadas por un 55% de los Estados y un 65% de la población, definiendo la codecisión como procedimiento legislativo ordinario y reforzando su capacidad de acción global al dotar a la UE de una personalidad jurídica propia.
De derecha a izquierda: José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea; Herman van Rompuy, presidente del Consejo Europeo; y José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno; en el último Consejo Europeo de la Presidencia Española del Consejo de la UE. 17/06/2010. Fuente: Comisión Europea.
España ha contribuido de manera decidida a la construcción europea en este proceso.
Presidencias españolas del Consejo de la UE
España asumió del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, por quinta vez en su historia, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. En este periodo, ha sido responsable de organizar las reuniones del Consejo y representarlo ante otras instituciones de la UE.
Bajo el lema "Europa, más cerca", durante la Presidencia se alcanzaron avances importantes cuatro prioridades principales de la hoja de ruta marcada para el semestre:
- Impulsar la reindustrialización de la UE y su autonomía estratégica
- Avanzar en la transición ecológica
- Lograr una mayor justicia social y económica
- Reforzar la unidad de Europa
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presenta las prioridades de la Presidencia Española en el palacio de la Moncloa el 15/6/2023. Fuente: La Moncloa.
Un horizonte europeo
España, en su Estrategia de Acción Exterior 2025-2028, sitúa al proyecto europeo en el centro de su política exterior. La Estrategia aboga por la construcción de una Unión Europea más autónoma, ambiciosa y cohesionada en el centro de la acción exterior de España.
Para ello se apoyará el refuerzo de las capacidades de actuación a nivel europeo y un incremento de la financiación conjunta de bienes públicos europeos. Además, se impulsará una mayor coordinación de la acción exterior europea, fomentando la convergencia estratégica en la percepción de amenazas entre los Estados miembros.
España mantiene su compromiso con trabajar en diversos ámbitos para lograr más Europa, más y mejor multilateralismo y más democracia.
Más información