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España y la Unión Europea

La Unión Europea es el marco natural de desarrollo político y económico de nuestro país.

Las aspiraciones de España por lograr su incorporación a las Comunidades Europeas cobraron nuevo impulso con la llegada de la democracia y, con tal propósito, España solicitó su adhesión el 26 de julio de 1977. Esta aspiración española se vio satisfecha el 12 de junio de 1985, con la firma del Tratado de Adhesión en Madrid y su entrada en vigor el 1 de enero de 1986. Desde entonces, la senda de España ha venido jalonada por importantes avances que han redundado en el bienestar de la sociedad española en su conjunto.

Tres años y medio después de su adhesión, en junio de 1989, España incorporó su divisa nacional al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, ya instaurado por Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo desde 1979. Así, en 1995, se acordó en Madrid la denominación de "euro" para la moneda común europea, cuya implantación en la sociedad civil se produjo exitosamente a partir de enero de 2002.

Asimismo, España reforzó su apuesta por la integración suscribiendo en junio de 1991 el Acuerdo de Schengen, que supuso la eliminación progresiva de los controles en las fronteras entre Estados miembros, dentro del marco del concepto de una "Europa sin Fronteras”.

La firma del Tratado de Maastricht (1992) dotó a la Unión Europea de su denominación actual, al igual que del diseño de la hoja de ruta hacia una moneda común. Ese mismo año, durante la Cumbre de Edimburgo, los Estados miembros instauraron el llamado Fondo de Cohesión para proyectos de medio ambiente, infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de renta por debajo del 90% de la media de la Unión. Como consecuencia de ello, España obtuvo, junto al resto de los fondos estructurales recibidos, un inestimable apoyo para la revitalización y el desarrollo regional.

​José Manuel Albares junto con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Bruselas en noviembre de 2021. Foto: MAUC.​

España ha desarrollado un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la negociación de los tratados de Amsterdam (1997), de Niza (2001), en el proyecto de Tratado Constitucional (2004) y en Lisboa (2009). Del mismo modo, ha venido contribuyendo al desarrollo de políticas con aportaciones sostenidas en ámbitos diversos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su impronta a las relaciones exteriores, especialmente en lo referente a la política orientada hacia América Latina y hacia la ribera sur del Mediterráneo. 

Desde su adhesión, España ha participado activamente en el desarrollo y profundización de las políticas europeas más importantes: la Política Agraria Común, la Política Pesquera Común, el Mercado Interior, la política energética y de transportes, la política industrial y la política educativa, cultural y social. En los últimos años, además, España ha apoyado una reorientación de estas políticas para dar respuesta a los grandes desafíos del siglo XXI: una UE de la Salud capaz de responder a crisis sanitarias transfronterizas, una transición ecológica justa para una economía sostenible y circular, unas políticas agraria y pesquera responsables con el medio ambiente, una política social fuerte que promueva unas condiciones de vida dignas para todos, una política de igualdad de género que sirva de referente mundial, una transición digital segura que no deje a nadie atrás, y una política industrial inclusiva que fomente la innovación, la competitividad y la autonomía estratégica de la UE. 

José Manuel Albares junto a sus homólogos europeos en la reunión de la Gymnich celebrada en Brest (Francia), en enero de 2022. Foto: NOLSOM-MAUC.  

España seguirá impulsando que la UE sea un verdadero actor global, con marcos positivos para sus relaciones con la comunidad internacional, que sirvan para promover sus valores e intereses en ámbitos tan variados como los derechos humanos, la libertad de comercio y el desarrollo técnico y científico. 

Avanzar hacia una Unión Económica y Monetaria plena y la Unión de Mercado de Capitales constituyen dos pilares fundamentales de la evolución y consolidación del proyecto europeo. Para su logro, el establecimiento del euro como moneda común constituyó un gran paso, estando pendiente conseguir una armonización fiscal plena con reglas transparentes y justas.

El proceso en el que está inmerso la UE se ha visto afectado por nuevos desafíos y retos recientes. Partiendo de las lecciones aprendidas de la crisis económica y financiera de 2008, la UE ha sido capaz de dar una respuesta inmediata, conjunta y solidaria para paliar los efectos de la crisis sanitaria mundial del COVID, que tuvo un impacto asimétrico en las economías de la UE.


​El ministro José Manuel Albares junto a los embajadores de los distintos países europeos acreditados en España. Foto: MAEC

A tal efecto, la UE diseña un Plan de Recuperación global, por un importe de más de 2.000 billones de euros, integrado por el instrumento de Próxima Generación (Next Generation EU) dotado con 806.900 millones de euros y el resto por el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027.

España es uno de los principales beneficiarios del Plan de Recuperación, cuyo objetivo es promover el crecimiento y el empleo para una recuperación económica dando prioridad a la transformación digital y a la transición verde.

Las perspectivas financieras para el período 2021-2027 han tenido en cuenta las circunstancias anteriormente descritas, incidiendo en reducir las disparidades entre los Estados miembros y sus distintas regiones. En concreto la política de cohesión dotada en el marco Financiero Plurianual con 372.600 millones de euros, (UE27 precios corrientes), tiene como objetivo promover la cohesión económica social y territorial, sin que nadie se quede atrás. Históricamente ha sido la política más relevante del MFP y, en concreto, la dotación actual representa un 30,76% sobre el total del MFP, de los cuales España tiene preasignados 35,4 millones de euros.

España asumirá – por quinta vez- la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Será una nueva ocasión para impulsar, junto a los demás socios comunitarios, la ambiciosa y relevante agenda de la Unión Europea y sus objetivos.​

 

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