El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación celebra el aumento de un 13% de la inversión española destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) durante 2025, de acuerdo con los datos de avance sobre el ejercicio del año anterior anunciados este jueves por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La aportación del conjunto de las administraciones públicas españolas superó los 4.550 millones de euros en 2025: unos 529 millones más que el año anterior y la mayor cifra en España de los últimos 15 años.
Con ello, la aportación española supone la segunda mayor subida interanual de todos los Estados miembros y España se sitúa de nuevo por encima de la media del CAD. La Cooperación Española se coloca así en la 11ª posición por volumen total de AOD dentro de la OCDE, subiendo un puesto respecto al año anterior.
Panorama internacional y posición de España
La tendencia iniciada en 2024, que persiste con los datos de 2025, supone una caída histórica de la AOD. En 2025 se produjo el mayor descenso interanual de la historia del CAD, de un 26,4% (23,1% en términos reales) a nivel global.
“Frente a esta tendencia preocupante a nivel global, España lidera el crecimiento de la AOD”, indicó el ministro José Manuel Albares, citando el compromiso adquirido con la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y concretado por el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027. “España incrementa su aportación en un momento crítico y ejerce un papel contracíclico, lo cual nos sitúa como un socio fiable y estratégico que contribuye a mitigar los impactos de los recortes y como un actor global que materializa su compromiso con el sistema internacional de cooperación y el sistema multilateral en su conjunto”, expuso Albares.
Exteriores supera los 1.000 millones de euros en AOD
El volumen de AOD gestionado por la Administración General del Estado en 2025 pasó de 3.600 a 4.116 millones de euros, lo que significa un aumento de un 14%. Esta cifra supone el 90% de la AOD española, casi un punto porcentual más que el año anterior.
De estos fondos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aumentó en 184 millones su volumen de AOD, superando los 1.022 millones de euros y consolidándose como el segundo gestor de estos fondos, con más del 22% del total, sólo por detrás del Ministerio de Hacienda como encargado de canalizar la aportación española al presupuesto de la Unión Europea. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al ministerio a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, aumentó un año más su presupuesto destinado a AOD hasta superar los 610 millones de euros, la mayor cifra desde el año 2011.
Cooperación descentralizada y universidades públicas
Las estimaciones indican que la cooperación descentralizada supone algo menos del 10% de la AOD total. En cuanto a la contribución de las Comunidades Autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi se consolidan como las que más volumen de AOD aportan al conjunto de la Cooperación Española, siendo Canarias y Galicia las comunidades que más incrementan su aportación en 2025.
Los datos aportados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apuntan a que los flujos de ayuda procedentes de los gobiernos locales se mantienen en cifras absolutas similares a las del ejercicio anterior, suponiendo en torno a un 2,13% del peso de toda la AOD en 2025.
Por su parte, de acuerdo con los datos proporcionados por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), se estima que las universidades públicas siguen aportando en torno a un 0,25% de la AOD española.
La AOD como herramienta para la consecución de un mundo más justo
La AOD española se destina a responder a las principales crisis humanitarias y a trabajar con los países en desarrollo en sus esfuerzos por generar oportunidades económicas y de trabajo decente para todas las personas; la lucha contra el hambre y la pobreza en todas sus dimensiones; la reducción de las desigualdades y la consecución de la igualdad de género; y el logro de transiciones ecológicas, económicas y digitales justas que no dejen a nadie atrás.
Asimismo, es una herramienta fundamental para proteger los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento, y para luchar contra los efectos del cambio climático y por la preservación del medio ambiente.