El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quiere reiterar hoy, en el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su implicación directa y su firme compromiso con la aplicación de esta Convención, y más concretamente con el artículo 32 centrado en la cooperación y la participación en el exterior. En estos últimos ocho años, España ha sido uno de los países del mundo que mayores esfuerzos ha realizado para la aplicación de la Convención.
Esta “conquista colectiva” de los derechos de las personas con discapacidad en España, como lo ha definido en varias ocasiones el ministro, José Manuel Albares, se ve consolidada con la incorporación de la discapacidad en el ámbito de la diplomacia, los acuerdos internacionales y la multilateralidad iniciada en 2022 con la creación de la Embajada en Misión Especial para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, segundo país del mundo en contar con esta embajada.
Además, la discapacidad es un eje trasversal y prioritario incluido en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y en la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028.
20 aniversario
Han pasado 20 años desde que Naciones Unidas aprobara este importante texto para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. El modelo de atención a las personas con discapacidad desde el enfoque médico-rehabilitador era sustituido por una visión social, transversal que fomente la vida independiente con iguales oportunidades que el resto de la población.
Nuestro país ratificó la convención en 2007 y la adoptó el 3 de mayo del 2008, fecha declarada en 2019 como Día Nacional de la Convención España. Desde su adopción han sido muchas las reformas normativas, el diseño de estrategias y la puesta en marcha de planes para la implementación de la Convención en España.
España impulsor de derechos en discapacidad
En estos últimos ocho años, España ha sido uno de los países del mundo que mayores esfuerzos ha realizado para la aplicación de la Convención. El Gobierno ha aprobado la Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para reconocer el derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual (art. 29 de la Convención).
En 2020 se reformó el Código Penal para abolir la esterilización no consentida de personas con discapacidad intelectual, mayoritariamente mujeres (art. 25 de la Convención). Ese mismo año se aprueba la LOMLOE apostando por la Educación Inclusiva como prioridad pública (art. 24 de la Convención).
La Reforma del Código Civil y las leyes procesales de 2021, suprimió la figura de la tutela y establecía medidas de apoyos para que las personas con discapacidad intelectual tomen sus propias decisiones en el ámbito de la justicia (art. 12 de la Convención).
Y, el reconocimiento más importante, la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024 para la adaptación a la terminología empleada en la Convención, se suprime el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”; el reconocimiento de un modelo basado en derechos humanos y sociales; la garantía de la Accesibilidad Universal como un derecho; el fomento de la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones; y el reconocimiento de la singularidad de la mujeres y menores con discapacidad (arts. 6 y 7 de la Convención).