Los asentamientos en Cisjordania son ilegales conforme al derecho internacional, socavan la viabilidad de la solución de los dos Estados y son una amenaza para la paz.
El Gobierno también expresa su más profunda consternación por la intensificación de la ofensiva militar en Cisjordania -incluidas las operaciones en los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nurshams-, las demoliciones, la creciente violencia de los colonos y el desplazamiento forzoso de miles de palestinos, que constituyen violaciones del derecho internacional humanitario.
La paz en la región exige la materialización de un Estado palestino soberano, que comprenda Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como capital.