Nueva York, 18 de julio de 2018. La Agenda 2030 pretende avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo y mayor cohesión y justicia social, en paz y con un horizonte medioambiental sostenible. Explica cómo ha de procederse en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que cubren todas las políticas públicas domésticas, la acción exterior y la cooperación para el desarrollo. Los ODS son universales, se aplican por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo, y abordan las raíces de la pobreza, la desigualdad y la degradación del planeta, con voluntad transformadora.
La Agenda 2030 implica también la acción de la sociedad civil, el sector privado, las asociaciones profesionales, los sindicatos, las universidades y los centros de pensamiento. Genera responsabilidades del gobierno central, los autonómicos y los municipales. Induce nuevas formas de trabajar en el interior de cada país y un modelo innovador de relaciones internacionales, consciente de la creciente interdependencia.
El Examen Nacional Voluntario de España ante las Naciones Unidas
Un elemento esencial de la Agenda 2030 es el mecanismo de seguimiento y revisión a través de exámenes nacionales voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel que se celebra anualmente en Naciones Unidas en Nueva York. El pasado año, España ya anunció su presentación a examen en 2018, que ha tenido lugar hoy 18 de julio.
En su sesión del 20 de diciembre de 2017, el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno de España adoptó el acuerdo de elaborar un Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, que fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. Junto con su anexo estadístico de indicadores y el que recoge las aportaciones de todos los actores sociales, ha sido presentado hoy.
El panel que incluía la delegación española estaba presidido por los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y para la Transición Ecológica. Incluía además al director de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, el Alcalde de Soria en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a los presidentes de las Comisiones de Cooperación del Congreso de los Diputados y del Senado, y a representantes de la sociedad civil, del sector privado, de las universidades y de los centros de pensamiento.
El nuevo gobierno de España ha situado la Agenda 2030 y los ODS en el centro de su acción de gobierno. Representa un proyecto innovador y ambicioso de país.
Se han tomado decisiones que ponen a España en la senda de orientar sus políticas públicas y prioridades políticas hacia los ODS, como ha sido destacado por ambos ministros en su presentación. El propio gobierno está compuesto por una mayoría de ministras. Se han creado Altos Comisionados para la Agenda 2030 y para la Lucha contra la Pobreza Infantil, dependientes directamente del presidente del Gobierno. Se ha creado el Ministerio para la Transición Ecológica, aglutinando las competencias de energía, medio ambiente, cambio climático y agua. Se ha transitado hacia posiciones muy ambiciosas en los compromisos de la UE para el cumplimiento del Acuerdo de París. Se ha reinstaurado el Ministerio de Igualdad. Se ha creado el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Se ha acordado la extensión del acceso a la sanidad universal para incluir a todas las personas, sin excluir a los inmigrantes en situación irregular. Se ha anunciado la voluntad de reorientar la política de empleo para que el crecimiento económico no acreciente las desigualdades, a través del diálogo social. Se ha mostrado la solidaridad de España y su compromiso con los derechos humanos y con un orden global justo, sostenible e inclusivo, con la acogida del barco Aquarius en nuestro territorio. Se ha configurado la Agenda 2030 como un espacio de encuentro, diálogo y trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales, en la labor de localización de los ODS.
El Plan de Acción, elaborado a través de un proceso abierto, participativo y transparente, en interlocución con todos los actores sociales y administraciones territoriales, se estructura en dos partes. Por un lado, el análisis del estado de los ODS en España, la situación de partida y una cartografía de responsabilidades competenciales de todos los departamentos. Y por otro, las acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en 2018-2020: nuevas políticas y medidas públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos los actores.
El Plan recoge un primer conjunto de áreas prioritarias de políticas denominadas palanca, con capacidad de acelerar el progreso transversalmente y a mayor escala en el conjunto de los 17 ODS: prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; Agenda Urbana; economía circular; Ley de Cambio Climático y Transición Energética; investigación científica y técnica para los ODS; Estrategia de la Economía Social; Plan de Gobierno Abierto; y revisión y relanzamiento de la Cooperación Española.
El Plan incorpora un conjunto de medidas transformadoras, de carácter transversal, para sentar las bases necesarias para impulsar los ODS: impulsar una función pública con conocimientos y capacidades para implementar los ODS así como la educación para el desarrollo sostenible como pilar fundamental del sistema educativo; alineamiento de los presupuestos generales y la compra pública del Estado con los ODS; memoria ODS de impacto normativo en toda la actividad legislativa; vinculación de la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Reformas; impulso de las alianzas entre todos los actores; situar la Agenda 2030 en el centro de la identidad de España en el mundo; pacto para la comunicación y plataforma en línea de la Agenda 2030; la cultura como elemento clave para la transformación.
La gobernanza de la Agenda descansa en la reciente creación de un Alto Comisionado para la Agenda 2030, de un Consejo de Desarrollo Sostenible, de carácter consultivo, de la de articulación entre los tres niveles de las administraciones públicas y en puesta en marcha de una Comisión mixta Congreso-Senado para su seguimiento.
Especial importancia tiene la inclusión de los compromisos y avances de las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Locales a través de las estrategias consensuadas en el seno de la FEMP y del resto de actores, sociedad civil, empresas, sindicatos, universidades y colegios profesionales, lo que permite configurar el Plan como el esfuerzo de toda la sociedad.
El examen español culminó con una serie de preguntas de los asistentes al Foro: los gobiernos de Rumanía, México y Colombia se interesaron sobre el papel de la sociedad civil en la elaboración de nuestro Plan, las políticas palanca como activo valioso en el impulso transformador y la articulación competencial en un país altamente descentralizado como el nuestro. Plataformas y ONG españolas preguntaron acerca de la prioridad que se concederá a la protección de los colectivos más vulnerables, la coherencia de políticas para el desarrollo y el compromiso en la lucha contra la violencia de género y por la igualdad.