Durante los días 25 y 26 de noviembre se ha celebrado en el Centro Ismaili de Lisboa la XXV edición del Foro de Lisboa, organizado por el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa.
Bajo el título “Bridging the Paradigm: the relation between Development and Human Rights, the Rule of Law and Democracy (La relación entre el Desarrollo y los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia)”, numerosos participantes de renombre en el ámbito de los organismos y las relaciones internacionales han podido debatir sobre la importancia de la democracia y del diálogo en el desarrollo de los derechos humanos, principalmente en aquellos países mediterráneos que se encuentran en una situación más vulnerable.
En la inauguración del Foro intervinieron el ex-presidente portugués Jorge Sampaio, el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, la Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic y la Secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías, entre otros.
Por parte española, destacó la presencia de Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de civilizaciones; el Embajador Manuel Montobbio, Representante Permanente de España ante el Consejo de Europa, y la Embajadora Victoria González Román, Embajadora en Misión Especial para la Agenda 2030.
El Embajador Montobbio destacó el “compromiso del Consejo de Europa con la Agenda 2030 “y la importancia del “trabajo conjunto de los países vecinos de la cuenca del Mediterráneo”. Por su parte, el ex-ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, subrayó el papel de los jóvenes que “no son el futuro, sino el presente” así como la necesidad de que la sociedad tome consciencia de que “la democracia va más allá de las elecciones” y “no se limita a votar cada cierto tiempo”. La intervención de la Embajadora en Misión Especial para la Agenda 2030 remarcó el “carácter indivisible e interdependiente” entre los Derechos Humanos y los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marcan la Agenda 2030, haciendo hincapié en que el acceso a la democracia es una herramienta fundamental para la protección de las víctimas de violencia de género entre otras muchas funciones.