ONUDD

Aspectos Generales​

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) se estableció en 1997 al fusionarse el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y el Centro para la Prevención Internacional del Delito (CPID). La ONUDD es la unidad administrativa especializada de la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas encargada de tratar la problemática de las drogas, la prevención del delito y justicia penal, la delincuencia organizada transnacional, incluyendo sus múltiples actividades y manifestaciones, la corrupción y la prevención del terrorismo. Radicada en Viena, cuenta con 21 oficinas fuera de la sede central (10 de ámbito nacional, 9 regional, 2 oficinas de enlace en Bruselas y Nueva York), además de 30 oficinas de proyectos.
Está compuesta de 474 funcionarios, 114 de ellos destinados en oficinas fuera de la sede. Sumando los empleados contratados para el desempeño de actividades operativas y de asistencia técnica la cifra ronda los 750 profesionales.
Yuri Fedotov, de nacionalidad rusa, fue nombrado Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y Director Ejecutivo de la ONUDD el 9 de julio de 2010. Ostenta el rango de Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas.
Cuenta con los siguientes órganos de gobierno:

La Comisión de Estupefacientes
Establecida por la resolución ECOSOC 9 (I) de 16 de febrero de 1946, es el órgano intergubernamental donde se determinan las políticas, directrices y estrategias de actuación en materia de drogas a través de resoluciones adoptadas por consenso. Es, a su vez, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Se reúne dos veces por año. España es actualmente uno de los 53 miembros de esta Comisión y el año 2014 ostentó la Vicepresidencia tercera de la Mesa en representación del Grupo de Países Occidentales y Otros (WEOG).

Del 9 al 17 de marzo de 2015 tuvo lugar el 58º periodo de sesiones de la Comisión. Esta Comisión de Estupefacientes experimentó un gran avance en lo que respecta a la preparación de la sesión extraordinaria de la Asamblea General que sobre el problema de las drogas tendrá lugar a principios de 2016 (UNGASS 2016), que va en línea con las propuestas iniciales españolas.

 

El proceso está siendo inclusivo y abierto y la participación de las organizaciones internacionales competentes en la materia y la sociedad civil está siendo cada vez más visible. Durante la celebración de la Comisión se ha colaborado en la adopción en Ginebra de una resolución sobre la aportación del Consejo de Derechos Humanos al proceso de UNGASS 2016, a través de un estudio preparado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que será examinado en un panel durante la 30ª sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre la Dimensión de los Derechos Humanos en el problema mundial de las drogas y se invita al Alto Comisionado a trasladar la contribución del Consejo. Esta aportación será de gran utilidad para la decidida defensa española en relación a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el enfoque de la problemática generada por las drogas.

Parece también claro el papel principal otorgado a la Comisión de Estupefacientes como el órgano preparatorio del proceso UNGASS 2016, lo que no implica que la labor que la Asamblea General y Nueva York puedan desarrollar en este proceso pierda relevancia.
 
Las referencias a que el marco jurídico internacional esté conformado por las tres Convenciones internacionales (Convención de 1961 de Estupefacientes, modificada por protocolo de 1972, Convenio de sustancias psicotrópicas de 1972 y Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988) parece ya fuera de toda duda y objeción, ya que los países de habla hispana, principales promotores de la idea de las “nuevas realidades y nuevos enfoques” parecen ahora dirigirse más hacia la corresponsabilidad de la comunidad internacional a la hora de abordar los problemas generados por las drogas, ya que siempre ponen como base de sus críticas la violencia, inseguridad y coste en vidas humanas, que está provocando el tráfico de drogas en sus territorios. Así se desprende de una reunión celebrada entre España, Guatemala, Colombia y México durante esta Comisión de Estupefacientes.

Se espera que las posiciones más encontradas entre los participantes de UNGASS 2016 sean las relacionadas con la reducción de la demanda. España tiene una clara postura en cuanto a la condición de enfermo del consumidor problemático de drogas y su derecho a recibir tratamiento y atención integral, sanitaria y psicosocial que le ayude a incorporarse como miembro de pleno derecho a la sociedad.

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CPDJP)
Es el órgano intergubernamental encargado de acordar mediante resoluciones adoptadas por consenso las políticas, directrices y estrategias en materia de prevención en la lucha contra el delito y el fomento de la justicia penal. Es, además, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Se reúne dos veces por año. Esta Comisión está formada por 40 miembros. España ha sido miembro de esta Comisión de 2000 a 2002.

La CPDJP de este año servirá para recibir información sobre el estado de ratificación y la actividad de la ONUDD en relación con la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolos, así como con los instrumentos internacionales de prevención y lucha contra el terrorismo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta Comisión procederá a examinar la Declaración de Doha adoptada en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebró en Catar los días 11 a 19 de abril de 2015.

 

Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos anexos (para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones)

Es el órgano intergubernamental establecido para promover y examinar la aplicación de las disposiciones de la Convención y sus tres Protocolos anexos. Se reúne con periodicidad bienal los años pares y durante el periodo intersesional se convocan reuniones de sus grupos de trabajo sobre tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, cooperación internacional y asistencia técnica. España ha ratificado estos cuatro instrumentos y fue designada por el Grupo de Países Occidentales y Otros (WEOG) para ostentar una de las Vicepresidencias de la Mesa durante este bienio.

La Conferencia de las Partes de esta Convención, cuyos instrumentos entraron en vigor en el intervalo entre septiembre de 2003 y julio de 2005, continua trabajando para establecer un mecanismo de revisión de su cumplimiento, similar al que ya existe para la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Cuestiones presupuestarias y la falta de un mínimo consenso sobre el modelo de participación de la sociedad civil, especialmente de las Organizaciones No Gubernamentales en los Grupos de Trabajo y en la Conferencia misma son asuntos que aún no han sido resueltos.

Existen actualmente serias divergencias sobre el papel que deben jugar la sociedad civil en general y las ONGs en el desarrollo de esta Convención y sus Protocolos, así como su participación en los grupos de trabajo. La UE aboga por una amplia participación de esos estamentos.
           
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Es el órgano intergubernamental establecido para promover y examinar la aplicación de las disposiciones de la Convención. Se reúne con periodicidad bienal los años impares y durante el periodo intersesional se convocan reuniones de sus grupos de trabajo en materia de recuperación de activos, prevención, mecanismo de revisión, cooperación internacional y asistencia técnica. España fue elegida por el Grupo de Países Occidentales y Otros (WEOG) para ostentar una de las vicepresidencias de la Mesa de la 5ª sesión de la Conferencia de los Estados parte en esta Convención.
Cercano al décimo aniversario de la adopción de la Convención, las reuniones de su máximo órgano intergubernamental de adopción de decisiones están cumpliendo los principales objetivos de su mandato. La próxima Conferencia de las Partes, a celebrar en San Petersburgo del 2 al 6 de noviembre de 2015, iniciará otro ciclo de evaluación de los capítulos II sobre “Prevención” y V sobre “Recuperación de activos”. Complementariamente, las reuniones de expertos y Grupos de Trabajo creados para desarrollar las disposiciones de los seis capítulos operativos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  están dedicadas a recopilar e intercambiar información, examinar las tendencias en la comunidad internacional y generar la confianza suficiente para que las disposiciones de cooperación internacional plasmadas en la Convención sean cada vez más utilizadas por un mayor número de países.

 

Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal.
Con periodicidad quinquenal se celebran desde 1955 estos eventos que reúnen no sólo representantes gubernamentales sino también otros expertos provenientes de la Universidad, la investigación y de otros ámbitos de la sociedad civil. Estos Congresos, que examinan las tendencias de los sistemas de justicia penal, suponen foros de diálogo e intercambio de opiniones entre todos los implicados en los ámbitos profesionales vinculados a la prevención del delito y la justicia penal. Además de una declaración de carácter político, los Congresos han sido muy relevantes para dotar a la comunidad internacional de las denominadas normas y reglas de Naciones Unidas para la prevención del delito y justicia penal. Estas normas y reglas en materia de prevención del delito y justicia penal carecen de carácter vinculante pero suponen herramientas útiles para que los países que lo deseen las utilicen a efectos de elaboración de leyes nacionales y estrategias y de diseño de programas y planes de acción. Las normas y reglas abarcan ámbitos tales como la justicia de menores, el tratamiento del delincuente, la justicia restaurativa o medidas sustitutivas a la privación de libertad, las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la pena capital, la cooperación internacional, la buena gobernanza, la protección de las víctimas y la violencia contra la mujer.
Los aspectos organizativos y sustantivos de los Congresos se preparan en las reuniones de la CPDJP y en reuniones regionales que se celebran el año anterior a su celebración. El debate temático del 13º Congreso, que se celebró en Catar del 11 al 12 de abril de 2015, versó sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal dentro del programa de Naciones Unidas para abordar los retos sociales y económicos y promover el Estado de Derecho en los ámbitos nacional e internacional así como la participación social.

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