Políticas comunes de la Unión Europea

A lo largo de los años, la Unión ha puesto en marcha una serie de políticas para desarrollar el mercado único. Estas políticas constituyen líneas de actuación que la Unión decide seguir en determinados ámbitos, que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y de las empresas con las que se pretende lograr los objetivos generales que se ha fijado la Unión. Agricultura, pesca, medio ambiente, sanidad, derechos de los consumidores, transporte, turismo, energía, industria, investigación, empleo, cultura, educación, deporte, entre otros, son ámbitos en los que la Unión tiene mucho que decir.

Mercado Interior

Definido como “un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada”, el Mercado Interior aparece recogido en el artículo 3.3 del Tratado de la UE como uno de los objetivos que tiene que alcanzar la Unión.

El Mercado Interior ha contribuido considerablemente a la prosperidad e integración de la economía europea. Ha aumentado los intercambios comerciales dentro de la UE en un 15 % anual durante diez años; ha impulsado la productividad y reducido los costes mediante la supresión de las formalidades aduaneras, la armonización o el reconocimiento mutuo de las normas técnicas. Ha generado un crecimiento adicional de un 1,8 % en los últimos diez años y ha creado unos 2,5 millones de puestos de trabajo, al tiempo que ha acercado los niveles de ingresos de los distintos Estados miembros.

Aunque construir un mercado interior exige un esfuerzo constante, avanzar en el mercado único ofrece ventajas significativas para los consumidores y las empresas de la UE y supone un aumento anual de 235.000 millones de euros para el Producto Interior Bruto de la Europa de los 28. Las Instituciones europeas han reactivado el debate sobre el mercado interior mediante la Estrategia Europa 2020, en el marco de la cual, la Comisión adoptó la Estrategia del Mercado Interior de Bienes y Servicios, en octubre de 2015. En 2018, se celebró el vigésimo quinto aniversario de Mercado Único como uno de los mayores logros de la Unión Europea.

Empleo y Política Social

La Unión Europea desempeña un importante papel en el terreno social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos. Promueve la cooperación entre los Estados miembros, la coordinación y la aproximación de las políticas nacionales, así como la participación de las autoridades locales, los sindicatos y las organizaciones patronales.

Los objetivos de la política social son: la promoción del empleo, en particular el empleo juvenil, la mejora de las condiciones de trabajo, la movilidad de los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres y la modernización de los sistemas de protección social.

A partir de la Proclamación inter-institucional del Pilar Europeo de Derechos Sociales en Gotemburgo en noviembre de 2017, por iniciativa del presidente Junker, la Agenda Europea ha situado la dimensión social entre las prioridades principales de la UE. Se pretende situar a los ciudadanos en el centro de las preocupaciones de los Gobiernos (citizens first) europeos y actualizar y reconocer el valor del “acervo social europeo”.

España ha apoyado las propuestas europeas para promover la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en las que se avanza en la protección de los derechos de los trabajadores desplazados (Directiva de Posting); en la mejora de las condiciones de acceso a bienes y servicios por parte de los ciudadanos con discapacidad (European Accesibility Act); en la mejora en la coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social (Reglamento 883); en la protección de las condiciones de trabajo ( Directiva de Condiciones Justas y Transparentes); en el fomento de la conciliación familiar (Directiva Work Life Balance); en la protección de la Salud Laboral (Directiva de Factores carcinógenos); en la lucha por la igualdad de Género (Directiva de No Discriminación); en la protección del Fraude y el Dumping social (Reglamento de la Autoridad Laboral Europea).

Todas estas iniciativas se han visto reconocidas en el próximo Marco Financiero Plurianual donde se ha reforzado el apoyo a los instrumentos financieros como el Fondo Social Europeo, (que celebró su 60 aniversario en 2017), que constituye el principal instrumento de la UE para promover el empleo y la inclusión social y ha ayudado a millones de personas a aprender nuevas habilidades y encontrar trabajo. El Fondo Social Europeo Plus fusionará una serie de fondos y programas existentes, proporcionando un apoyo más específico e integrado.

Otros instrumentos financieros son:
 El Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización, apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios en el comercio mundial, cuando, por ejemplo, las grandes empresas se cierran o la producción se traslada fuera de la U.E.
 El Fondo Europeo para los más Desfavorecidos que tiene como objeto atender las necesidades básicas de personas excluidas o en grave riesgo de exclusión social.
 La Iniciativa de Empleo Juvenil  para dar a todos los menores de 25 años una oferta de empleo de buena calidad, educación continuada o unas prácticas de un período de cuatro meses después de quedar desempleado o dejar los estudios.

Agricultura

La agricultura ha estado siempre en el centro de las políticas de la Unión Europea desde el inicio del proyecto europeo, siendo una de las primeras políticas que se incluyeron en el Tratado de Roma de 1957.

Los principales objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) son mejorar la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios asequibles, y garantizar a los agricultores de la UE un nivel de vida razonable. La PAC tiene tres dimensiones: apoyo a la renta, desarrollo rural y apoyo al mercado.

La agricultura se financia principalmente por el presupuesto de la UE en lugar de los presupuestos nacionales, absorbiendo aproximadamente el 40 % del presupuesto de la UE. La última reforma de la PAC, aprobada entre 2013 y 2014 y que entró en vigor en 2015, se caracteriza por una gran flexibilidad en su aplicación por parte de los Estados miembros. El elemento fundamental de esta reforma es el “pago básico” por explotación, al que se suman otra serie de conceptos en función del componente “verde”, es decir, aquellas explotaciones que realicen unas determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

Con el presupuesto adjudicado a la PAC en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, los agricultores españoles están recibiendo prácticamente el mismo nivel de ayudas directas que venían percibiendo anteriormente, 35.700 millones de euros. Para el desarrollo rural ocurrirá algo similar ya que disponen de 8.290 millones de euros para la financiación de este tipo de medidas.

Pesca

La Política Pesquera Común tiene como finalidad lograr una pesca y acuicultura sostenibles desde un punto de vista económico, medioambiental y social. Para ello, recoge entre sus objetivos recuperar la sostenibilidad de las poblaciones de peces, poner fin a las prácticas pesqueras excesivas y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las zonas pesqueras. Los elementos más importantes para alcanzar estos objetivos son la prohibición de los descartes a partir del 1 de enero de 2019, la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible durante 2020 y de planes plurianuales en la gestión de las pesquerías, la descentralización de la toma de algunas decisiones, el apoyo a la acuicultura y pesca artesanal y la adopción de acuerdos internacionales de pesca.

Hay que resaltar la importancia del sistema comunitario establecido para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Este tipo de pesca es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos pesqueros y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales para lograr su erradicación.

El instrumento que financia la aplicación de la Política Pesquera Común durante el periodo 2014-2020 es el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, con un monto total de 6.400 millones de euros, de los que 718 millones se destinan a la Política Marítima Integrada y el resto, 5.682 millones a la Política Pesquera Común. España es el primer país receptor de este Fondo con una cantidad asignada de 1.161 millones de euros, un 20 por ciento del total, lo que equivale al peso real del sector pesquero español dentro de la Unión Europea.


Medio Ambiente y Clima

El Derecho ambiental de la UE constituye un extenso cuerpo normativo de varios centenares de instrumentos legales, principalmente directivas, y siete programas de acción de medio ambiente que ha ido conformando en gran parte la legislación ambiental nacional.

Con la aprobación en 1986 del Acta Única Europea, se incluyó, en los tratados comunitarios, por primera vez, un articulado referido al medio ambiente que supuso el nacimiento de una auténtica política ambiental europea.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 1992, en la que se acuñó el término “desarrollo sostenible” influyó en las reformas llevadas a cabo con los Tratados de Maastricht (1992) y Ámsterdam (1997). Los principios de Río que pasaron a inspirar la competencia comunitaria son el desarrollo sostenible y la corresponsabilidad e integración de las exigencias ambientales. El art. 4 TFUE establece que el medio ambiente es una de las principales áreas en las que se aplican las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. En lo que se refiere a los objetivos de la política ambiental, en el apartado 1 del art. 191 TFUE se recogen los siguientes: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales; y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

El Tratado de Lisboa ha incluido un nuevo objetivo a la política de la Unión en el campo del medio ambiente. Se trata de “la promoción, en el plano internacional, de medidas destinadas a hacer frente a los problemas regionales o planetarios del medio ambiente, y en particular la lucha contra el cambio climático”.

En relación con el papel de la UE en la lucha contra el cambio climático, cabe destacar el papel de liderazgo que la UE viene desempeñando en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Especialmente relevante fue la COP-21, que se celebró en 2015 en París. De ahí parte un nuevo acuerdo internacional global (esto es, aplicable a todos los países) sobre el clima que sustituya al Protocolo de Kyoto de 1997 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

La UE, desde el Acuerdo de París, ha  estado propiciando que la temperatura media mundial no aumente más de 2ºC, compromiso éste al que responde el Fondo Verde Climático para financiar la lucha contra el cambio climático y el Diálogo de Talanoa. Asimismo, la UE defiende que el tratado contenga una cláusula para revisar cada 5 años los objetivos de reducción de emisiones y que se desarrolle un mecanismo de transparencia y verificación. El último objetivo propuesto por la UE -apoyado plenamente por España- es: una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el nivel de 1990 para aproximarse, en 2050, a un nivel de emisiones cero.

Frente a la tibieza o, incluso, clara indiferencia de algunos líderes que representan a grandes emisores de gases de efecto invernadero, la UE mantendrá su liderazgo en la lucha contra el cambio climático; y España, como Estado miembro junto a nuestros socios europeos, seguirá a la cabeza de la promoción del desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, que genere crecimiento económico y nuevos puestos de trabajo.


Protección de los Consumidores

En una economía europea eficiente e integrada, los consumidores necesitan tener garantías de que sus derechos estarán protegidos si surge algún problema en la adquisición de bienes o servicios en otros países de la UE.

La Agenda del Consumidor Europeo, adoptada en abril de 2012, recogió la visión estratégica de la política europea de consumidores. Con un coste anual de tan solo 5 céntimos de euro por persona, el Programa de Protección de los Consumidores dela UE para 2014-2020 (financia acciones en los 28 Estados miembros con un presupuesto de 188,8 millones de euros) se diseñó para hacer cumplir la legislación sobre consumo en el mercado único y ofrecer a los consumidores un alto nivel de protección jurídica.

Por tanto, la Nueva política de Consumidores de la UE persigue:
• proteger mediante la legislación los derechos de los consumidores; por ejemplo, facilitando la resolución de litigios con los comerciantes rápida y eficazmente (gracias a la resolución alternativa de litigios y los centros europeos de los consumidores)
• garantizar que los derechos de los consumidores se adapten a los cambios económicos y sociales, sobre todo en el sector digital, la energía y los servicios financieros
• garantizar la seguridad de cualquier producto comprado dentro del mercado único
• asegurar que el consumidor disponga en todo momento de información clara, exacta y coherente, que le permita llevar a cabo la mejor y más responsable opción de compra.

Sin embargo, más recientemente, el “Fitness-Check” de la legislación de protección e información de los consumidores ha puesto de manifiesto situaciones en las que la normativa debe ser actualizada o completada y, sobre todo, ámbitos en los que se garantice la aplicación uniforme de esas reglas en todo el territorio de la UE, para lo cual pone un importante acento en la cooperación entre los estados miembros.

Consecuencia de esas consideraciones es la reciente presentación de tres grandes bloques de iniciativas legislativas en favor de la defensa del consumidor:
• Paquete Legislación de Bienes, “Lex Goods”, con dos futuros Reglamentos que asegurarán la Vigilancia del Mercado y la Aplicación y Exigencia de la legislación armonizada en materia de protección de los Consumidores, así como el Reconocimiento  Mutuo de normativas nacionales que amparan productos no armonizados.
• Paquete “A New Deal for Consumers”, con propuestas de Directivas orientadas a revisar normas preexistentes para actualizarlas y completarlas, y a establecer cauces comunitarios para ejercer   Acciones Representativas para la Defensa de Intereses Colectivos de los Consumidores
• Paquete Legislación de Contratos (“Contract Law”), con la propuesta de Contratos de Compraventa de bienes on-line y off-line y la de Contratos de Contenidos Digitales

Transportes

El objetivo de las políticas de transporte en la Unión Europea es crear un Espacio Único Europeo del Transporte con políticas que lo hagan competitivo y sostenible. El Espacio Único Europeo del Transporte facilita los movimientos de los ciudadanos y el transporte de mercancías, reduce costes e incrementa la sostenibilidad del transporte europeo.

Durante 2018, en el Consejo y el Parlamento se ha trabajado intensamente en el llamado Paquete de Movilidad 1 relativo a las condiciones sociales en el transporte por carretera. Aspectos como el desplazamiento de trabajadores, las operaciones de cabotaje, los tiempos de trabajo y descanso de los conductores y el uso de tacógrafos han provocado una división muy fuerte entre los EEMM, y también en el Parlamento Europeo, que a finales de 2018 no había concluido.

En el Paquete de movilidad 2 se ha trabajado sobre la Directiva de transporte combinado, y en el Paquete de movilidad 3 se ha avanzado en la Directiva de gestión de la seguridad de las infraestructuras de carretera. En ambos casos se podrían comenzar los trílogos con el Parlamento.

La Comisión presentó en 2018 una propuesta de modificación de la Directiva sobre cambio de hora, en la que planteaba terminar con los dos cambios anuales que se hacen actualmente. La propuesta a lo largo de 2018 no ha tenido avances significativos. En España se ha creado un grupo de expertos que ayudará a definir la posición española.

Otro expediente sobre el que se ha trabajado es el Reglamento de derechos de los pasajeros del ferrocarril.

Redes Transeuropeas

Las redes transeuropeas en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía contribuyen al desarrollo del Mercado Interior, refuerzan la cohesión económica y social, conectan las regiones insulares y la Unión Europea con los países vecinos.

Las redes transeuropeas conforman las infraestructuras básicas de la UE en los sectores de la energía, las comunicaciones y el transporte. Las redes transeuropeas facilitan el uso de las energías renovables y la seguridad del suministro,  el transporte sostenible e intermodal, y las telecomunicaciones de banda ancha a alta velocidad, todo ello en favor del Mercado Interior.

Para preparar la continuidad del Instrumento Conectar Europa más allá de 2020 se ha trabajado en su Reglamento, que incluye la lista de corredores prioritarios, que para España, en el caso del transporte, son los Corredores Atlántico y Mediterráneo.

A lo largo del año 2018 se ha trabajado en la instalación en España del Centro de Respaldo a la Seguridad de Galileo, que se localizará en la Comunidad de Madrid, y que es consecuencia de su traslado desde el Reino Unido como consecuencia del Brexit. 

Energía

El Tratado de Lisboa sitúa la energía en el centro de la actividad europea, dotándole de una nueva base jurídica, el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La estrategia de la Unión de la Energía, presentada por la Comisión en 2015, tiene cinco dimensiones estrechamente relacionadas entre sí y que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de impulsar la seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad:
• seguridad energética, solidaridad y confianza,
• un mercado europeo de la energía plenamente integrado,
• eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda,
• descarbonización de la economía,
• investigación, innovación y competitividad.

El 4 de diciembre de 2018 el Consejo adoptó formalmente tres propuestas fundamentales:
• La Directiva de eficiencia energética con un objetivo de ahorro del 32,5% para 2030
• La Directiva de energías renovables con un objetivo de participación de las mismas en el consumo final de energía del 32% en 2030, incluido un 14% en el sector del transporte
• El Reglamento de gobernanza de la Unión de la Energía que regula la cooperación entre los Estados Miembros y la Comisión para alcanzar los objetivos.

En virtud del Reglamento de gobernanza de la Unión de la Energía, todos los EEMM deberían presentar sus planes integrados de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2018, y quedar sujetos a evaluación por la Comisión antes de remitir los planes definitivos antes de final de 2019.

La estrategia reconoce también la importancia de desarrollar unas infraestructuras de energía inteligentes e interconectadas, que son básicas para conseguir un Mercado Interior de gas y electricidad. Precisamente, las interconexiones son el elemento fundamental para la consecución de un verdadero mercado interior de la energía.

El objetivo de interconexiones del 10% para la electricidad en 2020 y del 15% en 2030 se sigue manteniendo.

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

La cooperación en asuntos de Justicia e Interior en la Unión Europea es, en la actualidad, el resultado de un proceso progresivo de integración que tuvo en sus inicios un carácter estrictamente intergubernamental. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el nuevo Título V supone la consolidación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que comprende cuatro ámbitos de acción bien definidos:

Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración
Políticas que garanticen la ausencia de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores, se trata de aplicar el “acervo Schengen”. También incluye políticas de gestión de las fronteras exteriores, regidas por el Código de Fronteras Schengen; la política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración, regulada por el Código comunitario de Visados que agrupa disposiciones específicas; la política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, establecida por el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y los esquemas de reubicación y reasentamiento; la política común de inmigración que recoge medidas sobre inmigración legal, irregular, lucha contra la trata de seres humanos y readmisión de nacionales de países terceros.
La crisis migratoria impone la necesidad de  avanzar hacia una verdadera Política Migratoria Común que, con un enfoque global, aborde a escala europea la cooperación con los países de origen y tránsito, el control de fronteras, la protección internacional, la lucha contra la inmigración irregular y la gestión regulada de la migración legal.

Cooperación judicial en materia civil
Se basa en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales y en medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Se incluyen normas sobre derecho de familia y protección de los intereses financieros de la Unión.

Cooperación judicial en materia penal
Incluye normas sobre los derechos de las personas durante el procedimiento penal, derechos de las víctimas de los delitos y lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas, de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. Entre ellas destacan la Orden Europea de detención y entrega (Euroorden), la ), la Orden Europea de Protección y la Orden Europea de Investigación.

Por otro lado, está previsto que en 2020, una nueva institución, la Fiscalía Europea, inicié sus funciones como órgano encargado de investigar delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, así como de ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos.

Cooperación policial
Se articula alrededor de la prevención, detección e investigación de infracciones penales. Se aprueban disposiciones legales, estrategias y planes de acción en diversos ámbitos de actuación de las fuerzas de seguridad. Destaca en este ámbito la Oficina Europea de Policía (Europol), cuya función consiste en mejorar la eficacia de las autoridades nacionales de policía y de otras autoridades similares, facilitando su cooperación especialmente en materia de prevención y de lucha contra el terrorismo, los delitos informáticos, el tráfico de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional.
 

Protección y mejora de la Salud Humana

El artículo 168 del TFUE establece que al definirse y ejecutarse las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana, en consecuencia, la protección de la salud de los ciudadanos europeos es una prioridad.

La organización de los sistemas sanitarios en los Estados miembros y la prestación de la asistencia sanitaria es una soberanía nacional, si bien desde la UE se intenta complementar las políticas nacionales:
• ayudando a los gobiernos de la UE a alcanzar objetivos comunes
• generando economías de escala al poner en común los recursos
• ayudando a los países de la UE a abordar retos compartidos como las pandemias, las enfermedades crónicas o el impacto de una esperanza de vida más larga en los sistemas de asistencia sanitaria.

La política sanitaria de la UE, aplicada a través de su Estrategia Sanitaria, se centra en:
• la prevención, sobre todo a través del fomento de estilos de vida más saludables
• la igualdad de oportunidades para todos por lo que respecta a la buena salud y la asistencia sanitaria de calidad (independientemente de los ingresos, el sexo, la etnia, etc.)
• la lucha contra las amenazas graves para la salud que afectan a más de un país de la UE
• el envejecimiento con buena salud el apoyo a los sistemas de salud dinámicos y las nuevas tecnologías.

En el ámbito de la Promoción de la Salud y Protección frente a la enfermedad, como netas actividades en pos de la Salud Pública, se han puesto en marcha acciones normativas dirigidas a mejorar la transparencia y la Sostenibilidad en la Evaluación del Riesgo Alimentario en la Cadena de Valor Agroalimentaria, así como una actualización, basada en las más recientes evidencias científicas, de los parámetros de aptitud para el consumo humano de las aguas potables de las redes públicas.

Industria

La política industrial de la UE tiene por objeto aumentar la competitividad de la industria europea para que ésta pueda mantener su papel impulsor del crecimiento sostenible y del empleo en Europa. A fin de asegurar unas mejores condiciones marco para la industria de la UE se han adoptado distintas estrategias, la más reciente de las cuales se describe en la Comunicación titulada “Estrategia renovada de Política Industrial de la UE”, de septiembre de 2017, con la que se pretende ayudar a nuestra industria a mantener una situación puntera en innovación, digitalización y descarbonización.

La política industrial es de carácter horizontal y tiene como objetivo instaurar unas condiciones marco que favorezcan la competitividad industrial. Asimismo, está integrada en otras políticas de la UE, como las relacionadas con el comercio, el mercado interior, la investigación y la innovación, el empleo, la protección del medio ambiente y la salud pública. La política industrial de la UE está específicamente encaminada a: 1) acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales; 2) fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Unión y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas; 3) promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas, y 4) favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.
 
Turismo

Europa demanda de los Estados Miembros de la Unión un enfoque cooperativo para la industria turística. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha sentado las bases de una verdadera política europea del turismo, consistente en: promover la competitividad de las empresas del sector turístico y crear un entorno favorable a su desarrollo; propiciar la cooperación entre los Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas, y desarrollar un enfoque integrado del turismo garantizando la toma en consideración de este sector en sus demás políticas.

Cultura

La UE trabaja por conservar el patrimonio cultural común de Europa y por apoyar y promover las artes y las industrias creativas europeas. Una serie de iniciativas concretas, como el Año Europeo del Patrimonio Cultural intentan que esta cultura dinámica y diversa sea accesible para todos.

A través del Programa Europa Creativa, la UE apoya el cine, las artes y las industrias creativas europeas para contribuir al empleo y el crecimiento en Europa y abrir nuevas oportunidades, mercados y audiencias internacionales.

Además, cada año se eligen dos ciudades europeas para ser Capitales Europeas de la Cultura lo que supone un impulso a la economía local y da protagonismo a los artistas y a la riqueza cultural propia de cada ciudad.

Educación, Formación Profesional, Juventud y Deporte

Con motivo de la Cumbre social de Gotemburgo de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales, anunciado por primera vez por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2015 y presentado por la Comisión en abril de 2017. Su proclamación destaca el compromiso común de los dirigentes de la UE por cumplir y promover los veinte principios y derechos consagrados en el pilar.

En este sentido, la política europea en el ámbito educativo desempeña un papel fundamental en una economía basada en el conocimiento, proporcionando una mayor cualificación de la población y su mejor adaptación al mercado de trabajo, favoreciendo el crecimiento, el empleo, así como la cohesión social.

A través del Programa Erasmus +, en favor de la educación, la formación, la juventud y el deporte, la Unión Europea facilita la movilidad de sus jóvenes, apostando por su formación e invirtiendo en su futuro. El presupuesto actual del programa es de 14.700 millones de euros, si bien está previsto que dicha  cantidad se triplique a partir del año 2021.

Además, el programa Erasmus + contempla una visión más amplia y más abierta hacia los campos de estudio innovadores y con perspectiva de futuro con la creación de un Espacio Europeo de Educación y la puesta en marcha de proyectos como el de Universidades Europeas y el de los Centros de Excelencia en Formación Profesional, proyectos por los que España ha manifestado un interés expreso.

Igualmente, la Estrategia de la UE para la juventud fomenta la igualdad de oportunidades para los jóvenes en la educación y el empleo y los anima a participar activamente en la sociedad.

Finalmente, el Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos -en sus propios países o en el extranjero- que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.

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