​Hacia una arquitectura financiera y económica
Cara a unha arquitectura económica e financeira

Una mayor integración financiera, presupuestaria, económica, junto con una mayor legitimidad democrática, son los cuatro pilares que guiarán el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria en los próximos años. Un objetivo que tiene por fin garantizar el bienestar económico de los ciudadanos y de las empresas de la Unión Europea.

La Unión Económica y Monetaria implica una política monetaria común, unas normas de disciplina fiscal, así como unos instrumentos de coordinación de política económica entre los Estados miembros de la zona euro. La crisis económica puso de manifiesto la necesidad de profundizar en el proceso de integración económica y monetaria, con el fin de garantizar el bienestar económico y social en todos los Estados de la Unión Europea.

Con objeto de reforzar la UEM, se han adoptado numerosas medidas desde 2010 y, muy especialmente, a partir de junio de 2012, tras la presentación al Consejo Europeo del informe "Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria". El informe subrayaba la necesidad de completar la UEM, con objeto de que ésta sea estable y próspera en el futuro, mediante la consecución de los siguientes pilares: una unión bancaria, una unión fiscal y una mayor coordinación de políticas económicas, además de garantizar la legitimidad democrática en la toma de decisiones.

Posteriormente, en junio de 2015, se adoptó el Informe de los Cinco Presidentes, “Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea”, profundizando en mayor medida en cada uno de los pilares anteriores. En mayo de 2017, la Comisión Europea presentó el “Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria”, que expone igualmente posibles formas de profundizar y completar la UEM hasta el año 2025, con el fin de estimular el debate y contribuir a una visión compartida sobre su futuro.

Durante los últimos años, para completar la arquitectura de la UEM, en el ámbito financiero se ha creado una Unión Bancaria, con el objetivo de garantizar que el sector bancario de la zona euro y de la UE en su conjunto sea seguro y fiable, y que la resolución de los bancos no viables se lleve a cabo sin recurrir al dinero de los contribuyentes y con repercusiones mínimas para la economía real. Está basada en 3 pilares. El primero, el Mecanismo Único de Supervisión, en pleno funcionamiento desde noviembre de 2014, cuando el BCE asumió las labores de supervisión de las mayores entidades de crédito de la eurozona. El segundo, el Mecanismo Único de Resolución, en vigor desde enero de 2016, tiene por objetivo garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra con un coste mínimo para los contribuyentes y para la economía real. Está complementado por el Fondo Único de Resolución, establecido a escala supranacional y utilizado para la resolución de los bancos en quiebra tras haberse agotado otras opciones. Adicionalmente, la Eurocumbre de junio de 2018 acordó que el MEDE actuará como respaldo fiscal del Fondo Único de Resolución; y en la Eurocumbre de diciembre de 2018 se acordaron los términos de referencia para su puesta en marcha. El tercer pilar, el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, todavía pendiente. Tendrá el objetivo de garantizar por igual todos los depósitos dentro de la Unión Bancaria. El Eurogrupo de diciembre de 2018 decidió crear un Grupo de Alto Nivel para debatir próximos pasos con vistas al establecimiento de una hoja de ruta que permita la negociación política del Fondo Europeo de Garantía de Depósitos

Además, se han adoptado otras propuestas, como el paquete bancario de reducción de riesgos y se sigue trabajando para establecer una Unión de los Mercados de Capitales, cuyo objetivo es alcanzar una mayor profundización e integración de los mismos.

Por otra parte, en el ámbito de la coordinación de políticas económicas y presupuestarias, desde el año 2011 está en funcionamiento el Semestre Europeo, que sistematiza la coordinación y supervisión de las de políticas económicas de los Estados miembros. Asimismo, se adoptaron dos paquetes legislativos (“six pack” y “two pack”) para reforzar la supervisión fiscal de los Estados miembros y, más especialmente, de los Estados pertenecientes a la zona euro. También con objeto de fortalecer la normativa existente sobre estabilidad presupuestaria, en enero de 2013 entró en vigor el Tratado Internacional sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión  Económica y Monetaria (TECG).

En otro orden de cosas, desde octubre de 2012 está operativo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como finalidad apoyar financieramente, bajo una estricta condicionalidad, a los Estados miembros de la zona euro que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación o de estabilidad financiera. En diciembre de 2014 se adoptó el instrumento de recapitalización directa del MEDE, para recapitalizar, en último recurso, a entidades bancarias de la zona euro que tengan un carácter sistémico y que sean viables. La Eurocumbre de diciembre de 2018 acordó los términos de desarrollo de las futuras funciones reforzadas del MEDE, dentro y fuera de los programas de asistencia financiera, incluida la provisión de una capacidad fiscal común (backstop) para el Fondo Único de Resolución, así como acordó el refuerzo de los instrumentos preventivos del MEDE, emplazando para junio de 2019 la reforma de su Tratado constitutivo para incorporar dichos cambios.

En el ámbito presupuestario, en mayo de 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta de  creación de una Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI) que ayude a suavizar los efectos de las perturbaciones asimétricas y a evitar el riesgo de efectos colaterales negativos. Adicionalmente, en la Cumbre del Euro de diciembre de 2018 los dirigentes encargaron al Eurogrupo que defina las características de un instrumento presupuestario que favorezca la convergencia y la competitividad en la zona del euro para su adopción en el contexto del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Cohesión Económica, Social y Territorial

A fin de promover un desarrollo armonioso general, la Unión Europea busca reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de sus distintas regiones. Se presta especial atención a las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

De esta manera, la cohesión económica, social y territorial constituye una expresión de la solidaridad entre los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea. Favorece el desarrollo equilibrado del territorio comunitario, la reducción de las diferencias estructurales entre las regiones de la Unión y la verdadera igualdad de oportunidades entre las personas.

Se materializa a través de diversas intervenciones financieras, en particular, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Entre ellos, destaca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave, como son la innovación e investigación, la agenda digital, el apoyo a las pymes, y a la economía de bajas emisiones de carbono.

Desde 1988, la política de cohesión de la Unión ha visto aumentar su presupuesto y se ha convertido, junto a la política agrícola común, en una de las políticas de la Unión más significativas desde el punto de vista cuantitativo. El Marco Financiero Plurianual 2014-2020 dota esta política con 354.000 millones de euros (UE27 precios corrientes), que representa la mayor asignación, el 34,14% sobre el total del MFP.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021-2027 (en fase de negociación y, por tanto, no definitiva) recoge una dotación para esta política de 373.000 millones de euros en precios corrientes, lo que representa el 29,14% sobre el total del MFP, y presenta como objetivos ayudar a todas las regiones a modernizar su industria y a invertir en innovación y en la transición a una economía circular y con bajas emisiones de carbono. Además, contribuirá a crear un entorno favorable para las empresas en Europa, estableciendo las condiciones propicias para el crecimiento, la creación de empleo y la inversión.

España ha sido, en términos absolutos, el mayor beneficiario de la Política de Cohesión desde su adhesión. En el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 España recibirá 32.400 millones de euros y en la propuesta de la Comisión para el MFP 2021-2027, tiene asignada la cantidad de 34.004 millones de euros en precios de 2018, lo que supone un incremento con respecto al periodo anterior de aproximadamente un 5 por ciento.

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