Imagen de la sede central de la OCDE en París. FOTO VICTOR TONELLI / OCDE
​Imagen de la sede central de la OCDE en París. FOTO VICTOR TONELLI / OCDE
Goberno Económica
El Grupo de los 20 cobró un renovado protagonismo tras la crisis financiera internacional desatada entre 2007 y 2008, como foro de discusión política para la gobernanza de la economía global. Su principal desafío es lograr consensos básicos entre los países desarrollados y los emergentes, aunque sus mandatos no son vinculantes, por lo que el cumplimiento de sus recomendaciones depende de la voluntad de los países miembros. Su objetivo fundamental es conseguir por medio del consenso formulas para superar la crisis, defender el empleo y garantizar el sostenimiento de un nuevo modelo de desarrollo global sostenible y equilibrado.
01/01/2013

En noviembre de 2011, el primer ministro británico, David Cameron, propuso un plan para la gobernanza económica mundial que potenciase el G-20. El plan, que no prosperó, contemplaba el funcionamiento de una “troika” del grupo, igual que existe en otras instituciones, en la que se integrase el país al que le corresponde la presidencia del grupo, al que correspondió la presidencia anterior y al que corresponderá la siguiente. La propuesta de Cameron incluía la creación de un secretariado permanente para ayudar a la presidencia de turno a diseñar una agenda que se caracterizara por la continuidad.

El G-20  trabaja en colaboración con las principales organizaciones y foros internacionales, como el FMI y el BM, y apoya a otros grupos y organizaciones internacionales, como el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el desarrollo de las reformas económicas internacionales y de política interna. Su agenda en materia de gobernanza global se centra en recapitalizar y mejorar las condiciones del FMI y de las instituciones multilaterales de crédito para que puedan garantizar con mayores recursos liquidez al programa de recuperación e introduzcan las medidas necesarias para asegurar un mejor funcionamiento del sector financiero globalmente.

El G-20 ha propuesto también una amplia agenda de reformas en cuanto a los sectores financieros para mejorar la capacidad de respuesta de sus países frente a situaciones de crisis, especialmente anticipando las situaciones, mejorando los sistemas de información e introduciendo normativas claras. Sus reuniones son preparadas por el "canal de Sherpas" y "el canal de Finanzas", los cuales sientan las bases de los temas que se abordan en cada reunión en grupos de trabajo sobre áreas concretas.

Entre estas áreas figuran las dedicadas al crecimiento sostenible, la regulación financiera, la arquitectura financiera internacional, la energía y materias primas, el cambio climático y la gestión de riesgos catastróficos.

El "canal de Sherpas" se centra en temas no financieros, como desarrollo, lucha contra la corrupción, seguridad alimentaria y funcionamiento del G-20, y suele estar conformado por viceministros. El "canal de Finanzas" se concentra en los temas propiamente económicos o financieros, y cuenta con la participación de los Ministros de Finanzas y los gobernadores de los Bancos Centrales. En las reuniones previas, ambos grupos preparan la agenda de las Cumbres de Líderes, a la que están invitados los jefes de Estado o Gobierno de todos los países miembros e invitados. La postura y decisiones que toma el G-20 son expresadas, por consenso, en un comunicado conjunto a la conclusión de sus encuentros.

OCDE y la gobernanza pública
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuenta con una dirección específica dedicada a la gobernanza pública y al desarrollo regional para promover las buenas prácticas en todos los niveles de las administraciones de sus países miembros.


El campo de acción de esta dirección de la gobernanza es muy vasto, y va desde el control y la supervisión del gasto público o la lucha contra la corrupción en las administraciones a la evaluación de la política reglamentaria o el empleo público y la gestión de riesgos, pasando por la innovación y la administración electrónica o el desarrollo regional.

Los directores del presupuesto de los países miembros se reúnen regularmente desde 1980 en un grupo de trabajo que no se limita a sus propias experiencias, sino que ha dado lugar a cinco redes geográficas asociadas (África, Asia, Europa Oriental, Latinoamérica y Oriente Medio/Norte de África). Paralelamente, la organización edita una revista sobre la gestión presupuestaria de interés para funcionarios e investigadores, que incluye contribuciones especiales de los ministerios de Finanzas, y que ofrece enseñanzas sobre las disposiciones institucionales, los mecanismos y los instrumentos para una afectación eficaz de los recursos.


Otro de los puntos de acción son las licitaciones públicas, que constituye una de las actividades de las administraciones más expuestas al derroche, al fraude y a la corrupción por su complejidad, la dimensión de los flujos que generan -representan de media un 16 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)- y la estrecha imbricación entre el sector público y el privado.

En un ámbito próximo, la OCDE cuenta con unas Líneas Directrices para la Gestión de los Conflictos de Intereses en el Servicio Público, que definen principios esenciales y preconizan una distinción clara de responsabilidades para reforzar la integridad, por ejemplo ante los grupos de presión.

Más conocida todavía por su aplicación en algunos casos muy mediatizados es la convención sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios extranjeros por multinacionales que han suscrito no sólo los 34 Estados miembros, sino también Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Rusia y Sudáfrica.

La OCDE también está poniendo en marcha un observatorio sobre la innovación en el sector público. El objetivo, que debe materializarse con una base de datos interactiva, es realizar un trabajo sistemático de clasificación y análisis de prácticas innovadoras en las administraciones. Una parte importante de esas estrategias son las derivadas de la sociedad de la información, particularmente apreciadas como instrumento para favorecer la evolución de la sociedad y la construcción de una economía del saber competitiva, justa y sostenible.

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