Dereitos Humanos

El compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos es parte sustancial de la política exterior de España, reflejo de su importancia en el plano interno (marco legislativo, institucional y de políticas públicas), y una exigencia de la sociedad española. España es una firme convencida de la necesidad de contar con un sistema eficaz de protección y promoción multilateral de los derechos humanos. España desarrollaba ya un papel activo en el marco del Consejo de Derechos Humanos y lo seguirá haciendo ahora como miembro durante el periodo 2018-2020.

​De conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, que establece el Consejo de Derechos Humanos, España presentó sus promesas y compromisos voluntarios en tanto que candidata al Consejo de Derechos Humanos. El documento fue circulado, a petición de España, como documento de la Asamblea General a principios de septiembre.

Con ese documento, España pretendía dar a conocer su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos y que esa contribución fuera tenida en cuenta y valorada en el momento de la elección como miembro del Consejo. Entendemos que los 180 apoyos obtenidos en la votación celebrada en Nueva York el 16 de octubre de 2017 constituyen un reconocimiento del compromiso de los poderes públicos y de la sociedad española con los derechos humanos y una expresión de confianza en España.

Ahora, ya miembros del Consejo, nos corresponde poner en práctica esos compromisos.

¿Qué nos proponemos hacer en tanto que miembros del Consejo de Derechos Humanos?

España seguirá, tanto nacionalmente como dentro de la Unión Europea (UE), apoyando que el Consejo preste atención a las situaciones más graves de violaciones de derechos humanos en países concretos mediante las denominadas resoluciones-país, e insistiendo en la obligación que tenemos todos los Estados de cooperar con los órganos creados por el Consejo.

Por lo demás, nos proponemos aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia en aquellos ámbitos en los que tenemos una trayectoria acreditada y que podemos agrupar en torno a tres ejes de actuación fundamentales:

• Dignidad humana y derechos humanos iguales para todos.

España mantendrá su posición firme contra la pena de muerte, persiguiendo el objetivo de su abolición universal y, como paso intermedio, el establecimiento de moratorias. El rechazo a la pena de muerte se asienta, entre otros, en el valor de la dignidad humana. Además, para la realización de los derechos humanos reviste especial importancia la protección de los individuos frente a cualquier tipo de discriminación, inclusive en su forma más extrema, la violencia. En este ámbito incluimos: la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; la igualdad de género; la no discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género; o los derechos de las personas con discapacidad.

• Democracia y Estado de derecho.

Derechos humanos, Estado de derecho y democracia están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. La participación en los asuntos públicos constituye la expresión más evidente de un régimen democrático y es reconocida en sí misma como un derecho humano. Pero además, la existencia de una democracia efectiva exige la construcción y el mantenimiento de un marco complejo de derechos y libertades en el que la persona pueda desarrollarse libremente. En este ámbito insistiremos en que una sociedad civil libre y dinámica constituye un elemento esencial de una democracia que funcione y reivindicaremos el papel de los defensores de derechos humanos en un año en el que celebramos el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos.

• Desarrollo sostenible.

Dentro de este eje nos proponemos seguir trabajando intensamente en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (entre ellos, los derechos humanos al agua potable y al saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado, cuya promoción España ha coliderado en el ámbito internacional) y en materia de derechos humanos y empresas.

¿Cómo queremos trabajar en tanto que miembros del Consejo?

El cuarto eje de actuación incluido en nuestro documento de promesas y compromisos voluntarios se ocupaba de esta cuestión y su título era “diálogo, cooperación y eficacia”.

Queremos trabajar buscando acuerdos a través de un diálogo eficaz en materia de derechos humanos con el objetivo de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar su cooperación con los mecanismos del Consejo. El diálogo y la cooperación son dos de los principios que, de conformidad con la resolución de la Asamblea General que establece el Consejo, deben guiar la labor de éste. Diálogo y cooperación son medios adecuados para prevenir violaciones de derechos humanos.

Queremos trabajar también apoyando la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. España continuará denunciando aquellos casos en los que los representantes de la sociedad civil sufran amenazas o represalias y trabajando en la protección de los defensores de derechos humanos.

  • Prioridades españolas
    La promoción y defensa de los derechos humanos constituye una de las prioridades de la política exterior y de cooperación internacional con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (ODH) es la unidad encargada de coordinar y ejecutar la política exterior en materia de promoción y protección de derechos humanos, tanto a nivel multilateral como bilateral.
  • Derechos Humanos en el mundo
    Millones de personas exigen cada día el respeto de los Derechos Humanos, reconocidos en la Declaración Universal de 1948. En 2012 siguen siendo violados por gobiernos que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas.    
  • Lucha contra la pena de muerte
    Centenares de personas son ejecutadas en el mundo cada año en aplicación de la pena capital, un castigo cuya abolición apoya España, por considerarlo cruel, inhumano y degradante, por no tener efectos probados en la prevención del crimen, y por conllevar efectos irreparables en caso de error judicial, al que ningún sistema jurídico es inmune.
  • Observación electoral
    Los múltiples procesos democratizadores iniciados en gran parte del mundo hace casi tres décadas han desembocado en una cada vez mayor demanda de misiones de observación electoral internacional.

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