Para llevar a cabo sus objetivos, la PEV cuenta con su propio instrumento financiero, el Instrumento Europeo de Vecindad (European Neighbourhood Instrument, ENI), dotado con 15.400 millones de euros para el periodo 2014-2020 y que se construye sobre las experiencias y logros del antiguo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). La gran mayoría de los fondos del ENI se canalizan de manera bilateral con el objetivo de financiar las reformas y prioridades plasmadas de mutuo acuerdo con cada socio en sus respectivos Planes de Acción. Además, el ENI financia también programas regionales en el Este y en el Sur, programas de cooperación transfronteriza y programas para toda la Vecindad, entre los que destacan los programas de cooperación institucional (hermanamientos o twinnings y asistencia técnica e intercambio de información o TAIEX). También existe un sobre flexible, denominado paraguas (umbrella), cuyos fondos se asignan a aquellos países que mejor hayan cumplido los programas de reforma pactados.
Esta política fue revisada por última vez en 2011, en el contexto de las llamadas “Primaveras Árabes”, con el objetivo de prestar un mejor apoyo a nuestros socios en sus transiciones democráticas. Sin embargo, la cambiante situación actual de una vecindad cada vez más compleja y heterogénea aconsejaba llevar a cabo una nueva actualización. Así, el nuevo presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, encargó en su carta de misión al comisario de Ampliación y Vecindad, Johannes Hahn, la apertura de un proceso de actualización de la PEV que debía durar 12 meses. Tras un periodo de consultas informales, el proceso se ha lanzado oficialmente con la publicación el 4 de marzo de 2015 del Documento Conjunto de Consulta (“Hacia una nueva Política Europea de Vecindad” ) de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este documento plantea una serie de cuestiones de definición y funcionamiento de la PEV, invitando a todos los actores implicados (Estados Miembros, Estados vecinos, sociedad civil…) a aportar sus puntos de vista sobre el futuro de esta política. El proceso se cerrará en noviembre de este año con la publicación de una nueva Comunicación que integrará todas las aportaciones recibidas.
España considera que este proceso debe servir para que la PEV sea más eficaz y flexible, sin por ello renunciar a sus características esenciales de unidad, previsibilidad y visión a largo plazo. En este sentido, España ha venido defendiendo las siguientes ideas principales:
- Convendría cambiar el enfoque de la PEV, de manera que deje de ser percibida como un ejercicio paternalista: debe basarse en el principio de co-apropiación y en un mejor uso del principio de diferenciación país por país, de manera que se pueda establecer con cada socio una verdadera relación de partenariado mutuamente aceptable y adaptada a sus realidades y ambiciones particulares, incluida, en su caso, la compatibilidad con otros espacios políticos y económicos existentes.
- Se debe prestar una mayor atención política a la Vecindad Sur, que tiene una gran importancia estratégica y plantea serios desafíos para la UE (migración, terrorismo islámico, ébola). En este sentido, debe mantenerse la distribución tradicional de fondos 2/3-Sur, 1/3-Este.
- Es necesario desarrollar la cooperación regional a través de un fortalecimiento de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y de la Asociación Oriental.
- La PEV no es la antesala de la Ampliación. Se trata de políticas distintas, con base jurídica distinta.