Consulta Pública Previa a la Elaboración de un Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba un nuevo reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Antecedentes de la norma

​Actualmente la regulación de la Oficina de Interpretación de Lenguas viene establecida, fundamentalmente, en el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dicho Real Decreto ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los años, mediante los Reales Decretos 889/1987, de 26 de junio; 752/1992, de 27 de junio; 79/1996, de 26 de enero, y 2002/2009, de 23 de diciembre.

Por lo que respecta a las traducciones e interpretaciones de carácter oficial, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado dedica la disposición adicional décima sexta a su regulación. Por otra parte, el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), establece el procedimiento general para el reconocimiento de la cualificación profesional de la profesión de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.
 
La promulgación de la norma proyectada supondrá la derogación del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, así como la modificación o sustitución de varias órdenes ministeriales que lo desarrollan.

Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma

​El Reglamento se aprobó, en su versión inicial, en 1977 y a lo largo de estos cuarenta años ha sufrido numerosas modificaciones, que han terminado convirtiéndolo en una norma incoherente y que no contempla determinadas circunstancias que afectan a:

- la Oficina de Interpretación de Lenguas en sí;

- el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, y

- las condiciones de nombramiento y ejercicio profesional de los Traductores/as - Intérpretes Jurados/as.

- las traducciones e interpretaciones de carácter oficial.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

​- En cuanto a las funciones de la Oficina no parece necesario efectuar grandes cambios, si bien es conveniente establecer su condición como órgano con competencias para decidir, en última instancia, sobre las discrepancias en materia de traducción que pudieran darse con otros organismos de la Administración General del Estado.

- En relación con el Cuerpo de Traductores e Intérpretes se ha producido un cambio sustancial. Desde el año 1977 las funciones que se atribuían a la Oficina se confundían con las tareas asignadas al Cuerpo. Hasta el año 2015 no había funcionarios del Cuerpo en puestos de trabajo ajenos a la Oficina de Interpretación de Lenguas, pero ese año, por primera vez, se crearon plazas en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y en el Ministerio de Defensa. Y este último Ministerio ha vuelto a convocar plazas en el año 2016 y en el año 2017. Por tanto es necesario fijar la composición del Cuerpo y las funciones de los integrantes del mismo y abrir posibilidades de movilidad y de carrera horizontal.

- En cuanto a los Traductores/as - Intérpretes Jurados/as se plantea una importante novedad. En España, el título es único y comprende ambas especialidades. Se dan dos circunstancias que recomiendan que se creen los títulos de Traductor/a Jurado/a y de Intérprete Jurado/a, conservando en todo caso el título común de los que ya disponen de él. Por una parte, España es uno de los pocos países europeos en el que la profesión tiene el carácter de regulada en que el título es único (Rumanía y Polonia son otros casos). Dada la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros países de la Unión Europea, del EEE o Suiza, esto es, el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), se plantea el problema de que en numerosos casos los solicitantes disponen del título de Traductor Jurado o del de Intérprete Jurado, pero raramente de ambos (lo que es del todo lógico ya que la traducción y la interpretación son disciplinas paralelas pero claramente diferenciadas).
Además, al amparo de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, incorporada a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, está prevista la creación de un Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales, con dos secciones separadas, lo que exigirá que, si se cumplen las previsiones, los interesados accedan a una u otra sección, por separado, y los actuales Traductores/as - Intérpretes Jurados/as que quieran incorporarse a ese nuevo registro lo hagan a una u otra de las secciones o a ambas, de forma expresa.
Por todo ello, parece conveniente la creación de esos dos nuevos títulos, manteniendo el existente, que quedaría en la condición de “a extinguir”.

- Otra cuestión que exige puntualizaciones es la del carácter oficial de las traducciones e interpretaciones. En la actualidad ese carácter viene fijado en la disposición adicional decimosexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
El nuevo Reglamento desarrollaría esa disposición, estableciendo una distinción entre las traducciones (o interpretaciones) juradas, realizadas por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a y las otras posibilidades de traducción con carácter oficial que ofrece la norma citada..

Objetivos de la norma

​- Actualizar las funciones de la Oficina de Interpretación de Lenguas.

- Fijar las competencias de la misma en materia de traducción e interpretación en el ámbito de la Administración General del Estado.

- Regular el Cuerpo de Traductores e Intérpretes y las funciones de sus integrantes.

- Crear los nuevos títulos de Traductor/a Jurado/a e Intérprete Jurado/a.

- Llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la Disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Posibles soluciones alternativas, regulatorios y no regulatorios

​Se ha estudiado la posibilidad de modificar parcialmente el actual Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, y su normativa de desarrollo, pero, al ser tan numerosos y profundos los cambios que deberían de efectuarse, se ha desechado esta alternativa, que resultaría poco sistemática. Por ello se ha considerado que la solución más idónea es partir desde cero y elaborar un nuevo proyecto de real decreto que recoja todos estos cambios y, consecuentemente, derogar la normativa precedente.
Muchas gracias por su colaboración.

 

Madrid, 12 de marzo de 2018.

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones y observaciones sobre el proyecto, hasta el día 4 de abril de 2018, a través del siguiente buzón de correo electrónico: ReformaOIL@maec.es


Sólo serán consideradas las observaciones (respuestas) en las que el remitente esté identificado con el nombre y apellidos, en caso de personas físicas, o con la denominación o razón social, en caso de personas jurídicas.

 

Formulario de Consulta Pública Previa.pdf

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