El 31 de Enero de 1.980, la policía nacional, el cuerpo de detectives (más conocido como la tenebrosa “Judicial”) y militares de paisano del ejército guatemalteco asaltaron la Embajada de España en la ciudad de Guatemala, a pesar la negativa y resistencia expresa del Embajador español Máximo Cajal y contraviniendo violentamente todo principio de Derecho Internacional conocido.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), más conocida como La Comisión de la Verdad creada y apoyada totalmente por Naciones Unidas con investigación e informes técnicos de impecable imparcialidad elaborados por un conjunto de reconocidos expertos a petición incluso del propio Congreso de la República de Guatemala (Punto resolutivo nº6-98) sacaría a la luz, con toda su crudeza, la barbarie ocurrida condenada por toda la comunidad internacional. Tras un exhaustivo y completo análisis, la Comisión presentó en febrero de 1999 su informe titulado “Guatemala, Memorias del Silencio”, sentenciando implacablemente la culpabilidad y responsabilidad de Presidente, gobernantes y mal llamadas “fuerzas de orden” guatemaltecas y dando toda la razón a las tesis esgrimidas por España y por su Embajador. El informe fue aprobado por consenso. Previamente el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein (posteriormente Vicepresidente de la Republica) en una visita oficial efectuada en 1996 en un acto oficial, nada menos que en la Casa de América, pidió publicas excusas al gobierno y pueblo español “por la vergonzante actuación de la policía y Fuerzas Armadas en el asalto a la Embajada que constituyó no sólo una violación del Derecho Internacional sino uno de los episodios más negros de la historia guatemalteca”. Y añadió “sentir vergüenza personal” por la insidiosa campaña en contra del Embajador Máximo Cajal
Me sorprendió entonces la escasa publicidad que se dio a dos hechos tan importantes para nuestra política exterior. Los principales culpables fueron el Presidente Fernando Romeo Lucas García (1979-82) fallecido en situación de búsqueda y captura y Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación (Interior) auténtico delincuente, culpable de múltiples asesinatos y actualmente reclamado por la justicia guatemalteca e Interpol.
Acaba de juzgarse ahora ¡35 años después! al Jefe del Comando seis, Pedro García Arredondo, uno de los responsables directos (aunque no el principal) del asalto. Con la autorización y a requerimiento expresos de la Presidenta del Tribunal y apoyo del MAEC, estuve en Guatemala declarando voluntariamente como testigo el pasado 9 de enero durante tres horas y cuarto. El acusado García Arredondo ha sido sentenciado a 40 años inconmutables por el asalto y el intento de asesinato en grado de tentativa del Embajador Máximo Cajal y 50 años adicionales de cárcel, por la muerte de dos estudiantes universitarios dos días después, cuando participaban en el sepelio de las víctimas del incendio.
La sentencia es igual de implacable que la Comisión de la Verdad. La propia justicia guatemalteca reconoce los hechos, da toda la razón a España y al Embajador Cajal. Sin exageración alguna, se trata de una sentencia y un triunfo históricos que creará jurisprudencia y que debería ser debidamente aireado y publicitado.
En suma, Máximo Cajal se comportó en todo momento como un auténtico Embajador de España. Su impecable actuación le costó sinsabores y peligros en Guatemala y en España. Desafortunadamente no pudo conocer en vida la sentencia. Desde donde esté (seguro que será un buen lugar) que no se preocupe. A pesar de todas las insidias miserablemente vertidas en su contra, la verdad se ha abierto definitivamente camino encontrando su lugar en la historia. Descanse en Paz.
Yago Pico de Coaña de Valicourt
Embajador de España
Madrid Febrero del 2015