ARTÍCULO
Entre Ginebra y Estrasburgo, las instituciones de defensa de los derechos humanos

​​​​Artículo del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en «InfoLibre» de fecha 27 de febrero de 2019

27/02/2019

​Seguramente pocos ciudadanos de a pie conocen y diferencian el Consejo de
Derechos Humanos, una institución de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo. O saben cuáles son los poderes y funciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, actualmente la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Todo un complejo entramado institucional con sus sentencias, resoluciones, informes de relatores, que a veces se presentan erróneamente como si fueran posiciones oficiales de las Naciones Unidas, y también con los inevitables aparatos burocráticos que tienen que actuar sobre las dramáticas realidades que constituyen hoy la defensa de los Derechos Humanos en el mundo.


Estando en Ginebra, para intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos,
recuerdo un testimonio de esta realidad que hace poco tuve ocasión de conocer. Fue el pasado 11 de diciembre, cuando celebrábamos el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con el 40º aniversario de nuestra Constitución en la Casa de América, en Madrid.

 

Allí intervino Caddy Adzuba, una defensora de los derechos humanos que vive en
el Congo. Con el lenguaje directo de quien conoce el sufrimiento de primera mano,
nos contó a los asistentes, entre ellos Michelle Bachelet, los horrores que padece
la población del Este de su país. Y cómo ella combate a diario esa situación, convirtiéndose en fuerza transformadora de una realidad inaceptable. No era la primera vez que Caddy hablaba en España. En 2014, recibió de manos del Rey
Felipe VI el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Entonces sintetizó en una frase, en su magnífico francés, en qué consiste tanta violencia: en convertir los
cuerpos de las mujeres en campos de batalla.

 

Ahora que España vuelve a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos durante el período 2018-2020, me pregunto: ¿qué conexión hay entre la realidad que vive y en la que trabaja Caddy Adzuba y ese órgano de Naciones Unidas, compuesto de 47 Estados, actualmente 10 pertenecientes a la UE, que se reúne en Ginebra tres veces al año?

 

El Consejo de Derechos Humanos está concebido como un espacio para defender el ideal universalista, derivado de la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, frente al avance de los particularismos que, sobredimensionando lo que nos diferencia –el género, la raza, la religión, el origen, el idioma, etc.– conducen al sometimiento del individuo al grupo. Claro que cuando uno sabe que en su tiempo lo llegó a presidir una embajadora de la Libia de Gadafi, caben dudas sobre la efectividad de su compromiso con esa función. Es más, cabe también preguntarse si hoy sería posible la adopción de un documento como la Declaración de Derechos Humanos, que afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...”. ¿Alguien se empeñaría hoy, como lo hizo en los años cuarenta del pasado siglo el delegado francés, René Cassin, en aplicar el adjetivo 'universal' a la Declaración?

 

Pero la lucha de mujeres como Caddy Adzuba, en una región remota de la República Democrática del Congo, nos obliga a trabajar para que el Consejo de Derechos Humanos funcione como un instrumento que sirva para denunciar las violaciones de derechos humanos y sobre todo para prevenirlas. Esa función de prevención servirá también de manera destacada al objetivo de la paz y la seguridad mundial, ya que las violaciones de los derechos humanos suelen estar entre las señales de alarma que preceden al conflicto.

 

Con frecuencia se acusa al Consejo de injerencia en los asuntos internos cuando se ocupa de una situación de graves violaciones de derechos humanos en un
determinado país. Y también son cuestionados por algunos Estados los denominados mandatos-país, que permiten al Consejo enviar a un experto a investigar la situación en un Estado; y las resoluciones-país, adoptadas habitualmente tras la consideración del informe del titular del mandato.

 

Pero recordemos que esos mandatos-país surgieron en los años 60 y 70, respectivamente, para investigar la situación de los derechos humanos en el África
meridional del apartheid y en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. En la actualidad los mandatos-país se ocupan, entre otras cosas, de la situación de los derechos humanos en la República Popular y Democrática de Corea, en Myanmar o en Siria. ¿De verdad cabe cuestionar la legitimidad de la comunidad
internacional para interesarse por esas situaciones?

 

Los defensores de derechos humanos, como Caddy Adzuba, y las organizaciones de la sociedad civil ayudan a trasladar esas realidades a las salas ginebrinas del Consejo; su relato resulta indispensable para conocer las violaciones de derechos humanos que sufren mujeres, hombres, niños y niñas en todo el mundo. Su voz debe ser oída sin obstáculos, sin cortapisas y, sobre todo, sin represalias una vez regresan a su lugar de origen. Demasiadas personas en todo el mundo se ven obligadas a demostrar su valor defendiendo los derechos de todos. Y un año más nos enfrentamos a una terrible realidad: más mujeres han sido asesinadas o agredidas por defender los derechos de las mujeres pobres, de las mujeres con discapacidad, de las niñas, de las mujeres apartadas de la construcción de una paz duradera en sus países. Y más mujeres se comprometen en la defensa de su participación igualitaria en todos los ámbitos de la sociedad. El Consejo de Derechos Humanos debe servir como una cámara de resonancia para su relato.

 

España ha asumido con responsabilidad el ejercicio de su función como miembro del Consejo convencida de su trascendencia. Además, llevamos a ese foro la voz de una sociedad, la española, solidaria y comprometida, que nos exige utilizar todos los instrumentos que el Consejo pone a nuestra disposición para prevenir las violaciones graves de derechos humanos y luchar contra su impunidad.

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