Políticas comunes de la Unión Europea

A lo largo de los años, la Unión ha puesto en marcha una serie de políticas para desarrollar el mercado único. Estas políticas constituyen líneas de actuación que la Unión decide seguir en determinados ámbitos, que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y de las empresas con las que se pretende lograr los objetivos generales que se ha fijado la Unión. Agricultura, pesca, medio ambiente, sanidad, derechos de los consumidores, transporte, turismo, energía, industria, investigación, empleo, cultura, educación, deporte, entre otros, son ámbitos en los que la Unión tiene mucho que decir.

Mercado Interior

Definido como “un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada”, el Mercado Interior aparece recogido en el artículo 3.3 del Tratado de la UE como uno de los objetivos que tiene que alcanzar la Unión.

El Mercado Interior ha contribuido considerablemente a la prosperidad e integración de la economía europea. Ha aumentado los intercambios comerciales dentro de la UE en un 15 % anual durante diez años; ha impulsado la productividad y reducido los costes mediante la supresión de las formalidades aduaneras, la armonización o el reconocimiento mutuo de las normas técnicas. Ha generado un crecimiento adicional de un 1,8 % en los últimos diez años y ha creado unos 2,5 millones de puestos de trabajo, al tiempo que ha acercado los niveles de ingresos de los distintos Estados miembros.

Aunque construir un mercado interior exige un esfuerzo constante, avanzar en el mercado único ofrece ventajas significativas para los consumidores y las empresas de la UE y supone un aumento anual de 235.000 millones de euros para el Producto Interior Bruto de la Europa de los 28. Las Instituciones europeas han reactivado el debate sobre el mercado interior mediante la Estrategia Europa 2020, que actualmente está sometida a un proceso de revisión intermedia, en el marco de la cual, la Comisión presentará antes de finales de 2015 una Estrategia del Mercado Interior de Bienes y Servicios.

Empleo y Política Social

La Unión Europea desempeña un importante papel en el terreno social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos. Promueve la cooperación entre los Estados miembros, la coordinación y la aproximación de las políticas nacionales, así como la participación de las autoridades locales, los sindicatos y las organizaciones patronales.

Los objetivos de la política social son: la promoción del empleo, en particular el empleo juvenil, la mejora de las condiciones de trabajo, la movilidad de los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres y la modernización de los sistemas de protección social.

Cohesión Económica, Social y Territorial

A fin de promover un desarrollo armonioso general, la Unión Europea busca reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de sus distintas regiones. Se presta especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

De esta manera, la cohesión económica, social y territorial constituye una expresión de la solidaridad entre los Estados miembros y regiones de la Unión Europea. Favorece el desarrollo equilibrado del territorio comunitario, la reducción de las diferencias estructurales entre las regiones de la Unión y la verdadera igualdad de oportunidades entre las personas.

Se materializa a través de diversas intervenciones financieras, en particular, los Fondos Estructurales. Entre ellos, destaca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave, que son la innovación e investigación, la agenda digital, el apoyo a las pymes, y a la economía de bajas emisiones de carbono.

Desde 1988, la política de cohesión de la Unión ha visto aumentar su presupuesto y se ha convertido, junto a la política agrícola común, en una de las políticas de la Unión más significativas desde el punto de vista cuantitativo. Según el Marco Financiero Plurianual (2014-2020) se destinarán 351.800 millones de euros a la política de cohesión que posibilite la consecución de los objetivos de Europa 2020, esto es, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

España ha sido, en términos absolutos, el mayor beneficiario de la Política de Cohesión desde su adhesión. En 2020, España habrá recibido de la UE casi 190.000 millones de euros desde 1989. Según el Marco Financiero Plurianual (2014-2020), a España le corresponden 28.600 millones de euros.

Agricultura

La agricultura ha estado siempre en el centro de las políticas de la Unión Europea desde el inicio del proyecto europeo, siendo una de las primeras políticas que se incluyeron en el Tratado de Roma de 1957.

Los principales objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) son mejorar la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios asequibles, y garantizar a los agricultores de la UE un nivel de vida razonable. La PAC tiene tres dimensiones: apoyo a la renta, desarrollo rural y apoyo al mercado.

La agricultura se financia principalmente por el presupuesto de la UE en lugar de los presupuestos nacionales, absorbiendo aproximadamente el 40 % del presupuesto de la UE. La última reforma de la PAC, aprobada entre 2013 y 2014 y que ha entrado en vigor en 2015, se caracteriza por una gran flexibilidad en su aplicación por parte de los Estados miembros. El elemento fundamental de esta reforma es el “pago básico” por explotación, al que se suman otra serie de conceptos en función del componente “verde”, es decir, aquellas explotaciones que realicen unas determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

Con el presupuesto adjudicado a la PAC en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, los agricultores españoles van a seguir recibiendo prácticamente el mismo nivel de ayudas directas que venían percibiendo anteriormente, 35.700 millones de euros. Para el desarrollo rural ocurrirá algo similar ya que dispondrán de 8.290 millones de euros.

Pesca

La Política Pesquera Común tiene como finalidad lograr una pesca y acuicultura sostenibles desde un punto de vista económico, medioambiental y social. Para ello, recoge entre sus objetivos recuperar la sostenibilidad de las poblaciones de peces, poner fin a las prácticas pesqueras excesivas y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las zonas pesqueras. Los elementos más importantes para alcanzar estos objetivos son la prohibición de los descartes, la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible y de planes plurianuales en la gestión de las pesquerías, la descentralización de la toma de algunas decisiones, el apoyo a la acuicultura y pesca artesanal y la adopción de acuerdos internacionales de pesca.

Hay que resaltar la importancia del sistema comunitario establecido para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Este tipo de pesca es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos pesqueros y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales para lograr su erradicación.

El instrumento que financia la aplicación de la Política Pesquera Común durante el periodo 2014-2020 es el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, con un monto total de 6.400 millones de euros, de los que 718 millones se destinan a la Política Marítima Integrada y el resto, 5.682 millones a la Política Pesquera Común. España es el primer país receptor de este Fondo con una cantidad asignada de 1.161 millones de euros, un 20 por ciento del total, lo que equivale al peso real del sector pesquero español dentro de la Unión Europea.

Medio Ambiente

El Derecho ambiental de la UE constituye un extenso cuerpo normativo de varios centenares de instrumentos legales, principalmente directivas, y siete programas de acción de medio ambiente que ha ido conformando en gran parte la legislación ambiental nacional.

Con la aprobación en 1986 del Acta Única Europea, se incluyó, en los tratados comunitarios, por primera vez, un articulado referido al medio ambiente que supuso el nacimiento de una auténtica política ambiental europea.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 1992, en la que se acuñó el término “desarrollo sostenible” influyó en las reformas llevadas a cabo con los Tratados de Maastricht (1992) y Ámsterdam (1997). Los principios de Río que pasaron a inspirar la competencia comunitaria son el desarrollo sostenible y la corresponsabilidad e integración de las exigencias ambientales.

El art. 4 TFUE establece que el medio ambiente es una de las principales áreas en las que se aplican las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. En lo que se refiere a los objetivos de la política ambiental, en el apartado 1 del art. 191 TFUE se recogen los siguientes: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales; y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

El Tratado de Lisboa ha incluido un nuevo objetivo a la política de la Unión en el campo del medio ambiente. Se trata de “la promoción, en el plan internacional, de medidas destinadas a hacer frente a los problemas regionales o planetarios del medio ambiente, y en particular la lucha contra el cambio climático”.

En relación con el papel de la UE en la lucha contra el cambio climático, cabe destacar el papel de liderazgo que la UE viene desempeñando de cara a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP-21, que se celebrará del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París. Se trata de una fecha crucial, ya que debe desembocar en un nuevo acuerdo internacional global (esto es, aplicable a todos los países) sobre el clima que sustituya al Protocolo de Kyoto de 1997 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

La UE propugna la adopción en París de un tratado jurídicamente vinculante que garantice que la temperatura media mundial no aumente más de 2ºC, compromiso éste adoptado en la Cumbre de Cancún sobre cambio climático de 2010 en la que también se decidió crear un Fondo Verde Climático para financiar la lucha contra el cambio climático. Asimismo, la UE defiende que el tratado contenga una cláusula para revisar cada 5 años los objetivos de reducción de emisiones y que se desarrolle un mecanismo de transparencia y verificación. El objetivo acordado es: una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 50% en 2050 sobre el nivel de 1990 (o del 60% si se toma como referencia el año 2010), con la obligación de todas las Partes del acuerdo de París de aproximarse, en 2100, a un nivel de emisiones cero. Este objetivo fue el que planteó la Comisión en su Comunicación de febrero de 2015 sobre el Protocolo de París y está en línea con la Declaración del G-7 de junio de 2015.

Protección de los Consumidores

La política europea de protección de los consumidores constituye un elemento indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior. Su objetivo es hacer de la Unión Europea una realidad tangible para todos los ciudadanos, velando por sus derechos como consumidores en la vida cotidiana.

Para ello, resulta necesario, además de la capacitación de los consumidores para una adecuada toma de decisiones, la mejora de su bienestar, así como la protección efectiva de su seguridad y de sus intereses comerciales.

El programa de acción de la UE en materia de política de consumo se basa en dos  grandes ejes: A) la Agenda del Consumidor Europeo, que desarrolla la nueva estrategia de política de consumo de la UE, en consonancia con su estrategia de crecimiento del Programa Europa 2020, ha incluido dos nuevos retos, como el acercamiento a un consumo más sostenible y la respuesta a las necesidades específicas de los consumidores vulnerables; y B) el Programa de Consumidores 2014-2020, que financia acciones en los 28 Estados miembros con un presupuesto de 188,8 millones de euros.

Transportes

El objetivo de las políticas de transporte en la Unión Europea es crear un Espacio Único Europeo del Transporte con políticas que lo hagan competitivo y sostenible. El Espacio Único Europeo del Transporte facilita los movimientos de los ciudadanos y el transporte de mercancías, reduce costes e incrementa la sostenibilidad del transporte europeo. El Cielo Único Europeo se ocupa de la capacidad y la calidad de los aeropuertos. El 4º paquete ferroviario tiene por objeto establecer un Espacio Ferroviario Europeo Único, que suprima los obstáculos técnicos, administrativos y jurídicos que siguen dificultando el acceso a los mercados ferroviarios nacionales. Una mayor integración del mercado del transporte de carga por carretera hará también más eficiente y competitivo este modo de transporte. En cuanto al transporte marítimo, una mayor integración llevará a simplificar los trámites de los buques que viajan de un puerto de la UE a otro, y a mejorar el acceso del mercado a los puertos.

Estas medidas se completan con condiciones laborales de calidad para los trabajadores del sector, la seguridad y fiabilidad de los servicios de transporte y la cooperación con los interlocutores internacionales en la materia.

Redes Transeuropeas

Las redes transeuropeas en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía contribuyen al desarrollo del Mercado Interior, refuerzan la cohesión económica y social, conectan las regiones insulares y la Unión Europea con los países vecinos.

Las redes transeuropeas conforman las infraestructuras básicas de la UE en los sectores de la energía, las comunicaciones y el transporte. Las redes transeuropeas facilitan el uso de las energías renovables y la seguridad del suministro,  el transporte sostenible e intermodal, y las telecomunicaciones de banda ancha a alta velocidad, todo ello en favor del Mercado Interior.

El Instrumento “Conectar Europa” (CEF) destinará a financiar las redes transeuropeas 33.240 millones de euros en el periodo 2014-2020, distribuido entre los sectores del transporte con 26.250 millones de euros, incluyendo la aportación del Fondo de Cohesión, las telecomunicaciones con 1.140 millones de euros y la energía con 5.850 millones de euros.

Energía

El Tratado de Lisboa sitúa la energía en el centro de la actividad europea, dotándole de una nueva base jurídica, el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La política de energía de la Unión Europea se basa en tres pilares: crear un mercado interior de la energía con precios competitivos, asegurar el suministro energético y garantizar la solidaridad ante situaciones de crisis, y producir la energía de forma sostenible ya que ello supone una parte considerable de las emisiones de efecto invernadero.

Dentro de la Estrategia Europa 2020 destacan objetivos relacionados con la energía como reducir un 20% las emisiones de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, conseguir que las energías renovables tengan una participación del 20% en el consumo final de la energía y aumentar en un 20% la eficiencia energética. La Estrategia reconoce también la importancia de desarrollar unas infraestructuras de energía inteligentes e interconectadas, que son básicas para conseguir un Mercado Interior de gas y electricidad. Precisamente, las interconexiones son el elemento fundamental para la consecución de un verdadero mercado interior de la energía.

El 25 de febrero de 2015, la Comisión presentó una Comunicación relativa a la Unión de la Energía junto con otras dos Comunicaciones sobre el objetivo de interconexiones del 10% para la electricidad, en línea con las conclusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014 (que fijaban un objetivo mínimo de interconexión eléctrica del 10% a más tardar en 2020, y del 15% en 2030).

La estrategia de la Unión de la Energía se basa en cinco pilares interrelacionados: la seguridad energética, la integración del mercado de la energía europeo, la eficiencia energética, la descarbonización de la economía y la investigación y la innovación.

Por otra parte, el 15 de julio de 2015, el Colegio de Comisarios adoptó el llamado “Paquete de verano de 2015 de la Unión de la Energía”, consistente en una serie de propuestas legislativas e iniciativas en torno al sistema de comercio de emisiones, el etiquetado de eficiencia energética, un nuevo marco para los consumidores de la energía y el diseño de los mercados de electricidad.

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

La cooperación en asuntos de Justicia e Interior en la Unión Europea es, en la actualidad, el resultado de un proceso progresivo de integración que tuvo en sus inicios un carácter estrictamente intergubernamental. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el nuevo Título V supone la consolidación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que comprende cuatro ámbitos de acción bien definidos:

Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración

Políticas que garanticen la ausencia de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores, se trata de aplicar el “acervo Schengen”. También incluye políticas de gestión de las fronteras exteriores, regidas por el Código de Fronteras Schengen; la política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración, regulada por el Código comunitario de Visados que agrupa disposiciones específicas; la política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, establecida por el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA); la política común de inmigración que recoge medidas sobre inmigración legal, irregular, lucha contra la trata de seres humanos y readmisión de nacionales de países terceros.

La crisis migratoria nos ha hecho avanzar hacia una verdadera Política Migratoria Común que, con un enfoque global, aborde a escala europea la cooperación con los países de origen y tránsito, el control de fronteras, la protección internacional, la lucha contra la inmigración irregular y la gestión regulada de la migración legal.

Cooperación judicial en materia civil

Se basa en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales y en medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Se incluyen normas sobre derecho de familia y protección de los intereses financieros de la Unión.

Cooperación judicial en materia penal

Incluye normas sobre los derechos de las personas durante el procedimiento penal, derechos de las víctimas de los delitos y lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas, de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. Entre ellas destaca la Orden Europea de detención y entrega (Euroorden).

Cooperación policial

Se articula alrededor de la prevención, detección e investigación de infracciones penales. Se aprueban disposiciones legales, estrategias y planes de acción en diversos ámbitos de actuación de las fuerzas de seguridad.

Protección y mejora de la Salud Humana

La salud de los ciudadanos es una de las grandes prioridades de la Unión Europea. El artículo 168 del TFUE establece que al definirse y ejecutarse las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. Aunque la organización y la prestación de la asistencia sanitaria son competencia de cada Estado miembro, la política sanitaria europea complementa, coordina y apoya las políticas nacionales para garantizar que todas las personas que viven en la UE tengan acceso a una asistencia sanitaria de calidad.

El programa de salud pública para el período 2014-2020 incide en el papel esencial de la buena salud para fomentar la productividad en el trabajo, la competitividad económica y una mejor calidad de vida durante más tiempo. La UE apoya y complementa los esfuerzos nacionales en cuatro ámbitos fundamentales: la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; la protección de los ciudadanos frente a las amenazas sanitarias transfronterizas; sistemas de salud sostenibles e innovadores; y una atención sanitaria mejor y más segura para los ciudadanos.

Industria

La política industrial de la UE tiene por objeto aumentar la competitividad de la industria europea para que ésta pueda mantener su papel impulsor del crecimiento sostenible y del empleo en Europa. A fin de asegurar unas mejores condiciones marco para la industria de la UE se han adoptado distintas estrategias, la más reciente de las cuales se describe en la Comunicación titulada “Por un renacimiento industrial europeo”, de enero de 2014.

La política industrial es de carácter horizontal y tiene como objetivo instaurar unas condiciones marco que favorezcan la competitividad industrial. Asimismo, está integrada en otras políticas de la UE, como las relacionadas con el comercio, el mercado interior, la investigación y la innovación, el empleo, la protección del medio ambiente y la salud pública. La política industrial de la UE está específicamente encaminada a: 1) acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales; 2) fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Unión y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas; 3) promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas, y 4) favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.

Turismo

Europa demanda de los Estados Miembros de la Unión un enfoque cooperativo para la industria turística. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha sentado las bases de una verdadera política europea del turismo, consistente en: promover la competitividad de las empresas del sector turístico y crear un entorno favorable a su desarrollo; propiciar la cooperación entre los Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas, y desarrollar un enfoque integrado del turismo garantizando la toma en consideración de este sector en sus demás políticas.

Cultura

Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993) se empezaron a  llevar a cabo acciones culturales para la salvaguardia, la difusión y el desarrollo de la cultura en Europa. Desde entonces, el papel de la UE se centra fundamentalmente en fomentar las acciones de cooperación entre los operadores culturales de los distintos Estados miembros o a completar sus iniciativas, a fin de contribuir al desarrollo de las culturas de los Estados miembros, respetando su diversidad nacional o regional, con objeto de poner de relieve su herencia cultural común.

A tal fin, la UE ha venido creando instrumentos que respaldan acciones culturales, en la actualidad a través del Programa Europa Creativa, que engloba acciones en el ámbito de la cultura, entre otras la Capital Europea de la Cultura y acciones en el ámbito audiovisual (antiguos Programa Media y Media Plus).

Educación, Formación Profesional, Juventud y Deporte

La política europea en estos ámbitos desempeña un papel fundamental en una economía basada en el conocimiento, proporcionando una mayor cualificación de la población y su mejor adaptación al mercado de trabajo, favoreciendo el crecimiento, el empleo, así como la cohesión social. A través del Programa Erasmus +, en favor de la educación, la formación, la juventud y el deporte, la Unión Europea facilita la movilidad de sus jóvenes, apostando por su formación e invirtiendo en su futuro.

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