Diplomacia preventiva: prioridades españolas

Solución Pacífica de Controversias
Diplomacia preventiva: prioridades españolas

La diplomacia preventiva se ha convertido en un instrumento fundamental en la prevención de conflictos. Si bien es cierto que la diplomacia es en sí una vía preventiva, cuando hablamos de ‘diplomacia preventiva’ nos referimos a "las medidas destinadas a evitar que las controversias existentes se transformen en conflictos y evitar que estos, si ocurren, se extiendan". La prevención aborda las causas que originan el conflicto desde una perspectiva que integra los tres pilares de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo inclusivo.

En 2015, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, presentó un informe titulado  Las Naciones Unidas y la prevención de conflictos: renovación del compromiso colectivo para subrayar la necesidad de evolucionar de una tradicional cultura de reacción a una imprescindible cultura de prevención.

Su sucesor, António Guterres, continuó con el legado de Ban Ki-Moon, haciendo de la cultura de prevención una de las principales prioridades de su mandato. Desde el principio, España mostró su apoyo al secretario general António Guterres y expresó la necesidad de que la comunidad internacional afianzara el uso de herramientas preventivas y además se tuviera en cuenta la implicación de otros actores locales y se promoviera el dialogo intercultural e interreligioso. La presencia de España en el Consejo de Seguridad entre 2015 y 2016 ha servido para fortalecer la función preventiva del Consejo, con el fin de mejorar su capacidad de respuesta frente a crisis emergentes y amenazas potenciales a la paz y la seguridad. La prevención de conflictos sigue siendo un eje fundamental de la política exterior española en la actualidad. Ante el aumento de los conflictos,  las guerras civiles y las alarmantes cifras de desplazamiento forzoso, España considera indispensable el uso de una diplomacia preventiva que integre el desarrollo sostenible, la paz, la gobernanza, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Mujeres, Paz y Seguridad

En el año 2000, el Consejo de Seguridad aprobó la primera resolución referente a Mujeres, Paz y Seguridad y en ella se trataba el efecto desproporcionado y singular del conflicto armado en las mujeres. El incremento de la desigualdad entre hombres y mujeres en situaciones de conflicto y la exclusión de la mujer en las negociaciones de paz, limitan su acceso a las oportunidades de recuperación e impide su participación en la reforma de las leyes e instituciones públicas. La Resolución 1325 supone un hito histórico en materia de género que viene a reconocer la imprescindible implicación de las mujeres para alcanzar una paz duradera. La comunidad internacional subraya además la importancia de que estas mujeres tengan acceso a la justicia y a servicios contra la discriminación para protegerlas ante violaciones de los derechos humanos, durante el conflicto y una vez iniciada la consolidación de la paz. Desde la ONU se insta a los Estados Miembros a garantizar esta participación de la mujer en condiciones de plena igualdad e incorporar perspectivas de género en todas las esferas del proceso de paz. Ya son actualmente 60 los Estados comprometidos con aumentar la participación de las mujeres en las operaciones de paz.

En 2007, España aprobaba su primer Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad, dando cumplimiento a lo que ya entonces eran dos líneas claras de la política exterior española: el trabajo por la paz y la seguridad internacionales y la lucha en favor de la no discriminación por razón de género. España ha demostrado ser un país comprometido en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. La incorporación de la agenda MPS a las prioridades de España durante su presidencia del Consejo de Seguridad y la aprobación de la Resolución 2242 durante ésta, ponen de manifiesto la importancia que España concede a esta agenda. Además, en 2017 España aprobó el II Plan Nacional de Acción, que se convierte en un factor de impulso para medidas concretas a nivel nacional, así como en la acción exterior.

Jóvenes, Paz y Seguridad

Siguiendo el ejemplo de la agenda MPS, en 2015 se produjo otro momento histórico con la aprobación, por unanimidad, de la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad sobre la contribución de los jóvenes a los procesos de paz.  La ONU instó a los Estados Miembros a apoyar y motivar la participación y representación de los jóvenes en la consolidación y mantenimiento de la paz. Además se exigió a los países a poner en marcha los mecanismos y herramientas necesarias para garantizar esta participación y llevar a cabo un análisis de la contribución de los jóvenes para poder generar repuestas más efectivas a nivel local, nacional, regional e internacional. 

DIH: protección de civiles

El derecho internacional humanitario (DIH) es una rama del Derecho Internacional que recoge un conjunto de normas dirigidas a la protección de los civiles en los conflictos armados, la limitación de los efectos de estos mismos y la restricción de los medios y métodos para hacer la guerra. Hablamos pues de una aglomeración de tratados y convenios internacionales complementarios: el DIH protege a aquellas personas que no participan en el conflicto, como son los civiles y el personal médico y religioso; también protege a combatientes heridos o enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. El DIH reconoce que estas personas tienen derecho al respeto por su vida, su integridad física y moral, y en base a estos principios, han de ser protegidas.

Resolución 2286

Además de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977, cabe destacar la reciente Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada por unanimidad el 3 de mayo de 2016. La resolución presentada conjuntamente por España, Nueva Zelanda, Japón, Uruguay y Egipto y copatrocinada por 85 países, condena los ataques contra médicos y hospitales en conflictos armados y llama al cumplimiento de las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario; insta a los Estados a investigar estas violaciones de Derecho Internacional Humanitario y a tomar medidas contra los responsables; y aborda cuestiones como la prevención de los ataques, la importancia de la formación, o la necesidad de recabar datos objetivos y fiables acerca de los ataques contra médicos y hospitales en países en conflicto. Además, solicita al secretario general que proporcione recomendaciones para prevenir la violencia contra el personal humanitario y médico, heridos y enfermos y que informe al Consejo de Seguridad como mínimo una vez al año sobre la puesta en práctica de la resolución. Con ello queda asegurada la inclusión de este importante asunto en la agenda del Consejo.

España participa activamente en la promoción de la Resolución 2286 y pertenece al Grupo informal de Seguimiento de la 2286 en Ginebra.

Niños y conflictos armados

El derecho internacional humanitario (DIH) asigna una protección especial a los niños. En caso de conflicto armado, internacional o no internacional, los niños se benefician de la protección general establecida en los Convenios de Ginebra referente a los derechos de las personas civiles que no participan en las hostilidades y, como tales, deben recibir un trato humano. Con respecto a las normas del DIH relativas a la conducción de las hostilidades se aplica una protección especial, incluso aunque participen directamente en los conflictos. Los limites a dicha participación se recogen en los Protocolos adicionales de 1977, la Convención de 1989 relativa a los Derechos del Niño y el reciente Protocolo Facultativo de esta Convención.

España pertenece al Grupo de Amigos de Niños y Conflictos Armados en Nueva York y respalda la Declaración sobre Escuelas Seguras y la Declaración de Vancouver de Niños soldados de 2017.

Responsabilidad de Proteger

El concepto de Responsabilidad de Proteger tiene su origen en la dicotomía entre la obligación ética de poner fin a la violencia sistemática contra civiles y el principio de no injerencia e igualdad soberana recogidos en la Carta de Naciones Unidas. La RdP está basada en la noción de “soberanía como responsabilidad”, entendiendo que los Estados son responsables de proteger a sus ciudadanos.
La RdP se ha convertido en una prioridad para la comunidad internacional siendo invocada por el Consejo en varias ocasiones. En 2017, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre la cuestión para incluir un nuevo punto en la agenda de la Asamblea dedicado a la RdP. Además se creó una Red de Puntos Focales en 2011; se elaboró el Marco para el Análisis de Crímenes Atroces en 2014, y se constituyó el Grupo de Amigos de RdP en 2015.

España ha mostrado un firme compromiso con el principio de la Responsabilidad de Proteger a todos los niveles. En el plano internacional, España copatrocinó junto con Chile, una reunión abierta en formato “fórmula Arria” del CS sobre RdP, centrada en las amenazas de actores no estatales. La reunión tuvo lugar en diciembre de 2015 y se abrió a todos los Estados miembros, misiones de observación y sociedad civil. En el plano regional, España, de nuevo junto con Chile, y en colaboración con el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger y el Fondo Stanley, organizaron la 5ª Reunión de la Red Global de Puntos Focales RdP, que se celebró en junio de 2015 en Madrid.

Los principios de Kigali

España ha endosado en 2017 los principios de Kigali, un compromiso para dar prioridad a la protección de los civiles en las Operaciones de Paz. 

Mediación

Naciones Unidas ha desarrollado en los últimos años mejores instrumentos y mayor pericia en materia de diplomacia preventiva y, especialmente, de mediación. En 2008 se creó la Unidad de Apoyo a la Mediación (“Mediation Support Unit”), en el seno del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, debido a la creciente demanda de actividades relacionadas con la materia en la Comunidad Internacional. Esta Unidad presta apoyo operacional a las actividades de mediación emprendidas o respaldadas por la ONU. No obstante, el elemento más claro que muestra la determinación de la comunidad internacional por impulsar la mediación en el sistema de Naciones Unidas es la constitución del Grupo de Amigos de la Mediación. El GAM, del que España forma parte como socio fundador, está jugando un papel de gran importancia en todas las actividades relacionadas con la mediación que tienen lugar en el seno de las Naciones Unidas. Dicho Grupo fue creado en septiembre de 2010 con el propósito de subrayar la importancia de la mediación en el sistema de Naciones Unidas, formar una red de mediadores y desarrollar centros regionales de alerta temprana.

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