​España mantiene un papel relevante en la lucha contra el crimen organizado.
Tráficos ilícitos y crimen organizado

En 2004, el Informe presentado por Naciones Unidas “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, elaborado por el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, señaló a la delincuencia organizada transnacional como una de las seis mayores amenazas a la estabilidad mundial. La delincuencia organizada transnacional se ha convertido en los últimos años en un problema creciente. La ONU y varias organizaciones regionales trabajan para combatir el blanqueo de dinero, el narcotráfico, la prostitución o el tráfico de armas.

​La criminalidad organizada se ha ido extendiendo y ampliando paralelamente al proceso de globalización. De acuerdo con los datos facilitados en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el crimen organizado genera al año en torno a 870.000 millones de dólares, una cantidad que equivaldría al 1,5% del PIB mundial. La amenaza que representan las redes criminales afecta a todos los países y regiones del mundo, si bien las mafias operan fundamentalmente en lugares en donde existen unas débiles instituciones públicas o en donde hay partes del territorio nacional que escapan al control de las autoridades.

 

Pese a las medidas que se han ido adoptando, el crimen organizado sigue constituyendo una grave amenaza, extendiéndose a nuevas áreas geográficas y traficando cada vez con más productos. A nivel europeo, por ejemplo, Europol calcula que podría haber más de 5.000 bandas organizadas, cuyos ámbitos de actuación van desde el narcotráfico hasta el contrabando de mercancías, pasando por el tráfico de seres humanos o los delitos financieros. Esta amenaza está llevando a prácticamente todos los países del mundo y a varias organizaciones internacionales a poner en marcha diversos mecanismos para hacer frente a la criminalidad organizada.

 

La Asamblea General de la ONU aprobó el 15 de noviembre del año 2000 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), ratificada por España el 1 de marzo de 2002 y en vigor desde el 29 de septiembre de 2003. Esta Convención ha sido complementada posteriormente con tres Protocolos: el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”; el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”; y el “Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”. En estos cuatro textos mencionados se recogen fundamentalmente una serie de medidas policiales, legislativas y judiciales con las que luchar contra la delincuencia organizada, estableciendo por primera vez una serie de directrices globales para todos los Estados Parte en la lucha contra varios delitos relacionados con el tráfico ilícito. El objetivo último es promover la cooperación entre los Estados para combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

 

Además de la Convención de Palermo, la Asamblea General adoptó, el 31 de octubre de 2003, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (conocida como la Convención de Mérida), en vigor desde diciembre de 2005 y ratificada por España el 19 de junio de 2006. Esta Convención se centra en promover y reforzar la prevención y la lucha eficaz contra la corrupción (incluyendo la recuperación de activos), apoyando la cooperación internacional para alcanzar este fin. España superó con éxito el último examen sobre el cumplimiento de la Convención tal y como queda reflejado en el informe sobre el examen país. Enlace al informe.

 

El sistema de Naciones Unidas cuenta además con la UNODC, la Oficina de NNUU Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo es hacer frente integral y globalmente a las drogas ilegales, el crimen transnacional organizado, la corrupción y el terrorismo, asistiendo a los Estados miembros en el combate de estas amenazas. Entre las funciones de la UNODC destacan: investigar y analizar el fenómeno de las drogas y el tráfico de las mismas como base para la adopción de políticas públicas; asistir a los Estados en la ratificación y la puesta en práctica de los tratados internacionales y en el desarrollo de la legislación nacional sobre las drogas, el crimen y el terrorismo; llevar a cabo programas y proyectos de asistencia técnica; concienciar a la sociedad civil del problema que suponen las drogas, el delito y el crimen organizado.

 

España y la UNODC mantienen una relación de cooperación muy intensa desde hace años. Nuestro país contribuye financieramente a las actividades de cooperación técnica y de desarrollo ejecutadas por esta Oficina de Naciones Unidas desde 1971. 

 

En abril de 2016, el secretario de Estado de Cooperación Internacional participó en Nueva York en una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada al problema mundial de las drogas (UNGASS 2016) y reiteró la firme convicción del Gobierno español en la plena validez de las tres Convenciones de Naciones Unidas en materia de drogas. En este marco convencional, España -señaló el secretario de Estado- defiende un enfoque equilibrado entre la reducción de la oferta y la de la demanda de drogas, a través de la cooperación internacional entre países productores, países de tránsito y países consumidores. Asimismo, hizo un llamamiento a aquellos países que todavía aplican la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas a considerar la moratoria en su uso como vía para avanzar hacia su abolición. Bajo este mismo epígrafe de los Derechos Humanos, el secretario de Estado se refirió también a las políticas de salud pública que deben brindar una asistencia integral dirigida a la prevención, al tratamiento de las personas, a la reducción del daño producido por el consumo de estupefacientes. Por último, ofreció la experiencia española en esta materia, y reiteró el compromiso con los medios humanos y técnicos de que disponemos a esta lucha en la que está empeñada la comunidad internacional en el marco de las Convenciones de las Naciones Unidas y de la mano de la ONUDD y de otras agencias especializadas de esta Organización.

 

Desde 2003, España ha contribuido también a actividades del Fondo para la Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONUDD en países iberoamericanos, de África Subsahariana  y en Somalia. El director ejecutivo de la ONUDD visitó España en abril del 2013 y en febrero de 2015. Durante la visita en 2013 se firmó un Acta de Intenciones por la cual España se compromete a seguir cooperando estrechamente con la citada organización internacional en actividades de asistencia técnica y formación en todos los ámbitos de la cooperación y pone a disposición de la misma los Centros de Formación de que España dispone en Uruguay, Guatemala, Bolivia y Colombia para sus actividades en América Latina.

 

La Unión Europea es posiblemente la organización de carácter regional que más ha logrado avanzar en la colaboración y cooperación entre sus Estados miembros para luchar contra la criminalidad organizada transnacional. Dos pilares fundamentales de la lucha contra el crimen organizado son la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y Eurojust. La OLAF protege los intereses financieros de la Unión Europea luchando contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales. Apoya además a la Comisión Europea en la elaboración y aplicación de las políticas de prevención y detección del fraude. Eurojust por su parte es la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, compuesta por un representante de alto nivel de cada uno de los Estados miembros (fiscales, jueces o funcionarios de policía). Creado en 2002, el objetivo de Eurojust es reforzar y mejorar la cooperación y coordinación entre las autoridades nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea.

España participa activamente en el seno de la Unión Europea en todas las reuniones e iniciativas dirigidas a la lucha contra el crimen organizado de carácter internacional. Un botón de muestra de ello es el programa COPOLAD dirigido a América Latina que España lidera

 

En el marco del Consejo de Europa, se firmó el 23 noviembre de 2001 en Budapest el Convenio sobre Ciberdelincuencia, ratificado por España en 2010. Tal y como se recoge en su preámbulo, el Convenio de Budapest persigue impulsar una política penal común entre sus miembros destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio, mediante la adopción de una legislación apropiada y de una mejor cooperación internacional.

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