El derecho al agua potable y de saneamiento es una de las prioridades españolas en Derechos Humanos.​
Prioridades españolas

La promoción y defensa de los derechos humanos constituye una de las prioridades de la política exterior y de cooperación internacional con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo.

Esta política se lleva a cabo a través de cinco áreas prioritarias, no excluyentes: lucha contra la pena de muerte; no discriminación por razón de género o de orientación sexual; derechos de las personas con discapacidad; derecho humano al agua potable y al saneamiento, y empresas y derechos humanos. Junto a ello, de manera transversal, se presta especial atención al apoyo a los defensores de derechos humanos, para los que existe un programa de acogida temporal.

Pena de muerte

Centenares de personas son ejecutadas en el mundo cada año en aplicación de la pena capital, un castigo cuya abolición apoya España, por considerarlo cruel, inhumano y degradante, por no tener resultados probados en la prevención del crimen, y por conllevar efectos irreparables en caso de error judicial, al que ningún sistema jurídico es inmune.

Lucha contra la discriminación por razón de género
La lucha por igualdad entre hombres y mujeres es una de las prioridades de nuestra política exterior. España participa de manera muy activa, tanto en la Unión Europea como en el sistema de Naciones Unidas , en la fijación de políticas y creación de instrumentos e instituciones de lucha contra la discriminación por razón de género y defensa de los derechos de las mujeres y niñas.
El principio de no discriminación se encuentra en el origen de la lucha por la igualdad de género, la defensa de los derechos  y el empoderamiento de las mujeres, que están en el centro de la acción de España en materia de derechos humanos. La reducción de desigualdades mediante una participación real de las mujeres en los ámbitos social, político y económico es además un objetivo prioritario para garantizar la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer.
España promueve la aplicación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en el firme convencimiento de que la participación plena de la mujer como agente de paz en todas las fases de los conflictos es clave para construir la paz y promover el desarrollo.
En el plano institucional,  España impulsó de forma decidida la creación de ONU Mujeres y fue el primer donante en establecer un Marco de Asociación con la organización.


Lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género
Sobre la base de que la orientación sexual y la identidad de género forman parte de la esfera más íntima del ser humano,  promovemos la despenalización de las relaciones consentidas entre adultos a nivel internacional.
En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGBTI  en diferentes foros multilaterales: apoyo al mandato del nuevo Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, adhesión a los Principios Fundamentales de la Coalición por la Igualdad de Derechos, pertenencia al LGBT Core Group de Naciones Unidas, aplicación de las Directrices de la Unión Europea sobre los derechos de las personas LGBTI, participación en el Grupo de Puntos focales LGBT del Consejo de Europa… etc.
Además, España participa activamente en el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos,  planteando preguntas y formulando recomendaciones relativas a la protección de los derechos de las personas LGBTI a aquellos países en los que se han detectado violaciones de sus derechos.
Por otro lado, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países.


Derechos de las personas con discapacidad
Sobre la base de un sólido acervo de leyes y políticas en el plano interno, así como de la creciente relevancia que los derechos de las personas con discapacidad tienen en ámbitos como la cooperación, España defiende el enfoque de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), cuya adopción ha supuesto un cambio de paradigma en este ámbito, al reconocer a las personas con discapacidad como verdaderos sujetos de derechos. 
La labor de España en este ámbito ha sido reconocida con la concesión en 2012 del  Premio Internacional Franklin D. Roosevelt sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este prestigioso galardón quiere dar visibilidad a los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad y animar a los Estados miembros de las Naciones Unidas a trabajar hacia la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.
En el marco europeo, España se congratula de que la UE se haya adherido en 2010 a la CDPD, convirtiéndose en el primer tratado internacional de derechos humanos del que la UE forma parte desde que adquiriese personalidad jurídica con el Tratado de Lisboa.


Derecho humano al agua potable y al saneamiento
El reconocimiento del derecho humano al agua potable y al saneamiento (DHAS) se ha convertido en una de las grandes prioridades de la política exterior española de derechos humanos y cooperación al desarrollo.
En el año 2006 España y Alemania emprendieron una iniciativa conjunta a favor del reconocimiento de este derecho humano en el seno de Naciones Unidas, considerando que el derecho al agua potable y al saneamiento es indispensable para la realización de otros derechos humanos y que se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
El 28 de julio de 2010 el derecho humano al agua y el saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 64/292. Desde entonces, la creación de la figura de la Relatora Especial para el derecho humano al agua y al saneamiento, así como una serie de resoluciones posteriores, han contribuido a la consolidación de este derecho humano.
Este reconocimiento en el plano teórico se complementa con la  ya larga tradición de trabajo en el sector del agua de  la Cooperación al Desarrollo española. Para esta, el sector agua es estratégico y prioritario, ya que contribuye al logro de los ODM y es clave para conseguir otros derechos humanos (salud, educación, alimentación).

Empresas y derechos humanos
La cuestión de los derechos humanos y la actividad empresarial transnacional es uno de los aspectos de la denominada Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSE). Sobre la base de la labor que ha llevado a cabo Naciones Unidas, partiendo del denominado Marco "Proteger, Respetar y Remediar", desarrollado en los “Principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos”, se ha impulsado un importante entramado institucional.
En este ámbito multilateral, España apoya la vía consensual abierta con la adopción de la Resolución 17/4 mediante la cual el Consejo, además de endosar los citados Principios Rectores, creó un Grupo de Trabajo sobre las empresas transnacionales y otras empresas, compuesto por cinco expertos independientes, y decidió establecer un Foro sobre las empresas y los derechos humanos, abierto a todos los interesados, con la función de examinar las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores y promover el diálogo y la cooperación sobre las cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos.
En el ámbito interno, entre las iniciativas destinadas a aplicar los Principios Rectores cabe destacar el desarrollo y la puesta en práctica de Planes de Acción Nacionales. En nuestro país, el 28 de julio de 2017, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Este Plan plasma el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos.

Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos son individuos, grupos o instituciones que protegen y defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Se enfrentan a menudo a amenazas y ataques por parte de personas, grupos o autoridades por las actividades que realizan en defensa de los derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU aprobó en 1998 la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, que reconoce que los defensores de derechos humanos realizan un papel esencial en la aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y en la consolidación de sistemas democráticos.
La Oficina de Derechos Humanos (ODH) del MAEC gestiona el programa de protección y acogida temporal a defensores de derechos humanos amenazados, que fue establecido en 1998. El programa está dirigido a defensores de derechos humanos amenazados y en situación de alto riesgo y garantiza una absoluta confidencialidad en cuanto a su identidad. Debe resaltarse el carácter temporal de la acogida. La ODH colabora con otros programas de acogida de defensores de derechos humanos llevados a cabo por ONG e instituciones autonómicas.

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