El derecho al agua potable y de saneamiento es una de las prioridades españolas en Derechos Humanos.​
Prioridades españolas

La promoción y defensa de los derechos humanos constituye una de las prioridades de la política exterior y de cooperación internacional con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo.

Esta política se lleva a cabo a través de cinco áreas prioritarias, no excluyentes: lucha contra la pena de muerte; no discriminación por razón de género o de orientación sexual; derechos de las personas con discapacidad; derecho humano al agua potable y al saneamiento, y empresas y derechos humanos. Junto a ello, de manera transversal, se presta especial atención al apoyo a los defensores de derechos humanos, para los que existe un programa de acogida temporal.

Pena de muerte

Centenares de personas son ejecutadas en el mundo cada año en aplicación de la pena capital, un castigo cuya abolición apoya España, por considerarlo cruel, inhumano y degradante, por no tener resultados probados en la prevención del crimen, y por conllevar efectos irreparables en caso de error judicial, al que ningún sistema jurídico es inmune.

Lucha contra la discriminación por razón de género, orientación sexual e identidad de género
España viene participando de manera muy activa, tanto en la UE como en el sistema de NNUU, en la fijación de políticas y creación de instrumentos e instituciones de lucha contra la discriminación por razón de género y en particular contra la violencia de género, así como contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Con carácter general, España apoya las directrices de la UE en materia de lucha contra la violencia de género, que incluyen la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación, la recolección de datos sobre violencia de género, la elaboración de estrategias efectivas y coordinadas, la lucha contra la impunidad y el acceso de las víctimas a la justicia. En relación al fenómeno de asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, España apoya la creación, en coordinación con los países afectados, de una guía de recomendaciones para la investigación eficaz del feminicidio en América Latina elaborada por la sociedad civil española con el apoyo del Gobierno de España, así como un Modelo de protocolo sobre la investigación del feminicidio, en colaboración con la OACNUDH y ONU Mujeres.
En el plano institucional, España apoyó decididamente la creación de ONU Mujeres, y colabora con esta organización en muchos aspectos, incluyendo, por ejemplo, programas de apoyo a la mujer en los países de la “Primavera árabe”.

Por lo que se refiere a la orientación sexual e identidad de género, España apoya las iniciativas tanto de la UE (directrices sobre derechos de las personas LGBTI, basadas en el toolkit aprobado bajo presidencia española en 2010) como de las Naciones Unidas (campaña “Libres e Iguales” de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en este ámbito. Sobre la base de la convicción de que la orientación sexual y la identidad de género forman parte de la esfera más íntima del ser humano, promovemos en el mundo la despenalización de las relaciones consentidas entre adultos. 


Derechos de las personas con discapacidad
Sobre la base de un sólido acervo de leyes y políticas en el plano interno, así como de la creciente relevancia que los derechos de las personas con discapacidad tienen en ámbitos como la cooperación, España defiende el enfoque de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), cuya adopción ha supuesto un cambio de paradigma en este ámbito, al reconocer a las personas con discapacidad como verdaderos sujetos de derechos. 
La labor de España en este ámbito ha sido reconocida con la concesión en 2012 del  Premio Internacional Franklin D. Roosevelt sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este prestigioso galardón quiere dar visibilidad a los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad y animar a los Estados miembros de las Naciones Unidas a trabajar hacia la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.
En el marco europeo, España se congratula de que la UE se haya adherido en 2010 a la CDPD, convirtiéndose en el primer tratado internacional de derechos humanos del que la UE forma parte desde que adquiriese personalidad jurídica con el Tratado de Lisboa.


Derecho humano al agua potable y al saneamiento
El reconocimiento del derecho humano al agua potable y al saneamiento (DHAS) se ha convertido en una de las grandes prioridades de la política exterior española de derechos humanos y cooperación al desarrollo.
En el año 2006 España y Alemania emprendieron una iniciativa conjunta a favor del reconocimiento de este derecho humano en el seno de Naciones Unidas, considerando que el derecho al agua potable y al saneamiento es indispensable para la realización de otros derechos humanos y que se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
El 28 de julio de 2010 el derecho humano al agua y el saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 64/292. Desde entonces, la creación de la figura de la Relatora Especial para el derecho humano al agua y al saneamiento, así como una serie de resoluciones posteriores, han contribuido a la consolidación de este derecho humano.
Este reconocimiento en el plano teórico se complementa con la  ya larga tradición de trabajo en el sector del agua de  la Cooperación al Desarrollo española. Para esta, el sector agua es estratégico y prioritario, ya que contribuye al logro de los ODM y es clave para conseguir otros derechos humanos (salud, educación, alimentación).

Empresas y derechos humanos
La cuestión de los derechos humanos y la actividad empresarial transnacional es uno de los aspectos de la denominada Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSE). Sobre la base de la labor que ha llevado a cabo Naciones Unidas, partiendo de los llamados “Principios de Ruggie” (respetar, proteger, remediar) y desarrollados por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011  en los “Principios rectores sobre empresas y derechos humanos”, se ha  impulsado un importante entramado institucional que incluye un Grupo de Trabajo sobre el tema como mecanismo especial del Consejo, compuesto por cinco expertos independientes, y un Foro sobre las empresas y los derechos humanos, bajo la dirección del Grupo de Trabajo, para examinar las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores y promover el diálogo y la cooperación en materia de empresas y derechos humanos.
España apoya firmemente todo este proceso, así como su necesaria coordinación con las Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para las empresas multinacionales, con los principios del Global Compact (una iniciativa de Naciones Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las empresas, por medio de la implantación de diez principios basados en derechos humanos y aspectos laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción, y de la que forman parte muchas empresas españolas); así como con las actividades de la OIT en materia de RSE.
En este sentido, en octubre de 2011 la Unión Europea (UE) lanzó la nueva Estrategia para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, en la cual se invita a los Estados a desarrollar un Plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. España aceptó esta invitación y desde la Oficina de Derechos Humanos (ODH) se está trabajando en la creación de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en la línea de lo establecido en esta Estrategia, estando ahora en la etapa final para su aprobación. Este proceso ha sido realizado bajo un clima de transparencia y abierto a todos los actores implicados: Administración, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil.

 

Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos son individuos, grupos o instituciones que protegen y defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Se enfrentan a menudo a amenazas y ataques por parte de personas, grupos o autoridades por las actividades que realizan en defensa de los derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU aprobó en 1998 la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, que reconoce que los defensores de derechos humanos realizan un papel esencial en la aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y en la consolidación de sistemas democráticos.
La Oficina de Derechos Humanos (ODH) del MAEC gestiona el programa de protección y acogida temporal a defensores de derechos humanos amenazados, que fue establecido en 1998. El programa está dirigido a defensores de derechos humanos amenazados y en situación de alto riesgo y garantiza una absoluta confidencialidad en cuanto a su identidad. Debe resaltarse el carácter temporal de la acogida. La ODH colabora con otros programas de acogida de defensores de derechos humanos llevados a cabo por ONG e instituciones autonómicas.

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