Treinta y cinco años después de su adhesión el 24 de noviembre de 1977, España mantiene su compromiso con el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, como única organización paneuropea compuesta por 47 estados, los 27 de la UE más el resto, excepto Bielorrusia, lo que incluye a Rusia, Turquía y Ucrania.
España encuentra en el Consejo de Europa un espacio jurídico con garantías mínimas compartidas, sin líneas divisorias, en tres pilares: la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y la primacía del derecho, y ello incluye la lucha contra la discriminación de las minorías, la xenofobia, el crimen organizado y el terrorismo.
El órgano de decisión del Consejo de Europa es el Comité de Ministros, formado por los ministros de Exteriores y, en su nombre, los embajadores representantes permanentes de los Estados miembros. Aprueba los convenios que las autoridades nacionales habrán de firmar y ratificar y las recomendaciones, como guías a seguir en asuntos tan diversos como la protección de menores en internet o la igualdad en el ámbito político. España ha ratificado hasta la fecha 122 convenios europeos ha firmado nueve. Otros 79 no han sido firmados ni ratificados.
El Comité de Ministros, cuya presidencia de turno semestral ejerció España entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, también lleva a cabo un mecanismo de seguimiento y cooperación.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuenta con la representación de diputados y senadores nacionales (12 titulares y 12 suplentes en el caso de España, que adoptan resoluciones para los Estados y recomendaciones al Comité de Ministros, y supervisa el cumplimiento de los compromisos de algunos estados.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es conocido como "la joya de la corona" del Consejo de Europa. Apoyándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, auténtico acervo del Consejo, examina las demandas individuales presentadas por los particulares contra los estados, así como las demandas interestatales, y dicta sentencias sobre la existencia o no de violaciones de los derechos humanos.
El control del cumplimiento de las sentencia por parte de los Estados lo realiza el Comité de Ministros.
El Consejo, conocido como la conciencia de Europa, negocia desde 2010 con la Unión Europea su adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el objetivo de que la normativa comunitaria no quede fuera del control del Tribunal de Estrasburgo. España ha mostrado en los últimos años su preocupación por el futuro del Tribunal de Estrasburgo, ante la posibilidad de morir de éxito. Por ello, España apoya la declaración de Brighton de 2012, que busca la mayor efectividad de la Corte (que declara inadmisibles un 90% de las demandas), reforzar el principio de subsidiariedad, para que los tribunales de los estados puedan resolver el máximo número de casos posible, y el margen de apreciación a favor de los tribunales nacionales.
España también ha mostrado su apoyo al proceso de reforma del Consejo de Europa, emprendido por su secretario general, Thorbjørn Jagland. Asimismo, defiende la política de vecindad del Consejo de Europa, en especial con la ribera sur del Mediterráneo, con el objetivo de exportar los valores de la organización, siempre tras la demanda de los países implicados y nunca como imposición.
Otros organismos del Consejo de Europa que supervisan a los estados miembros, entre ellos a España, son la Oficina del comisario de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, y el Comité de Derechos Sociales, presidido por el español Luis Jimena.
Aparte del Congreso de Poderes Locales y Regionales, el Consejo de Europa ha creado como acuerdos parciales la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción, la Farmacopea Europea, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el Grupo Pompidou (lucha contra la droga), Epas (deporte), el Observatorio Audiovisual Europeo y Eurimages.
La aportación española al Consejo de Europa -el organismo de integración europea más antiguo del continente- superó en 2012 los 21 millones de euros, un 7% de los 300 millones de euros de presupuesto de la organización. España es el sexto país contribuyente de la organización.