Portada de la Real Cédula de 17 de diciembre de 1772
Historia
Origen
 
La presencia española en Tierra Santa se remonta a fechas tan lejanas como el siglo XIII, en el que empiezan las primeras actuaciones de los monarcas aragoneses ante el Egipto mameluco, para interceder ante el Sultán en favor de los santuarios cristianos y sus moradores. Tras la caída del Reino de Jerusalén en 1291, la Orden franciscana, a través de una institución singular como es la Custodia de Tierra Santa, queda como única responsable de la gestión de los santuarios de la Cristiandad,  para lo cual acuden frailes de los distintos reinos de Europa, adquiriendo así el sesgo internacional que la ha venido caracterizando hasta nuestros días.
 
En  el año 1342 los reyes de Nápoles, Roberto y Sancha de Aragón, obtienen del Papa Clemente VI la bula “Gratias Agimus”, por la que se les conceden los derechos de Patronato sobre algunos santuarios. Con la incorporación del reino de Nápoles a la Corona española, esos derechos van a constituir la base de una reivindicación ininterrumpida de nuestros monarcas sobre los Santos Lugares. Ello se ve fortalecido por la bula de 1510 por la que el papa Julio II reconoce a Fernando el Católico como rey de Nápoles, heredando por esta vía el título de Rey de Jerusalén que desde entonces han ostentado los reyes de España. 
 
La invocación de este Patronato sobre los Santos Lugares estará en el origen de unas ingentes y constantes aportaciones de España, a través de la Orden franciscana, para el mantenimiento de su presencia en Oriente, aportaciones que durante muchos siglos fueron el principal valimiento económico de la Custodia. En reconocimiento de todo ello, el cargo de Procurador de la Custodia, responsable de la administración de los caudales, recaía siempre en un religioso español, lo que fue expresamente confirmado en los estatutos benedictinos de 1746.
 
Carlos III y el Patronato de los Santos Lugares
 
A finales del siglo XVIII, al compás de las teorías regalistas propias del absolutismo ilustrado que imperaba en esa época, el entonces Rey de España Carlos III dicta la Real Cédula de 17 diciembre de 1772 por la cual, a la vez que reafirma el Real Patronato de sus predecesores, toma a su cargo la institución eclesiástica de la Comisaría de Tierra Santa, hasta entonces responsable de la recaudación y envío de los caudales provenientes tanto de los fondos públicos como de las limosnas de los fieles. A partir de entonces el rey intervendrá en el nombramiento del Comisario y todos los caudales serán administrados bajo la supervisión regia. Por decisión del monarca, con estos fondos se financia la construcción de la basílica de San Francisco el Grande, en Madrid, que queda como una propiedad de titularidad real. Dicha basílica será además la sede del Comisario y el lugar desde donde la Orden franciscana organiza las “conductas” o “expediciones” que España envía a Jerusalén para asegurar  el sostenimiento de los santuarios y sus moradores.
 
El período desamortizador
 
A lo largo del siglo XIX, prosigue el proceso de estatalización de esta Comisaría que se ve afectada por las normas desamortizadoras, transformándose así paulatinamente en una institución pública con el nombre de Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén.  Sin embargo, las guerras napoleónicas, y posteriormente el proceso de emancipación americana, menguaron las arcas de la Corona española y también las donaciones de la sociedad española disminuyeron, por lo que existían dificultades crecientes para seguir aportando nuevos fondos a la Custodia.
 
A mediados de siglo, se producen cambios importantes en Oriente Medio, ante la progresiva debilidad del Imperio Turco y la creciente influencia europea, que ocasionaba rivalidades entre las distintas potencias, en relación al papel histórico en defensa de los Santos Lugares. En 1851, surge un conflicto entre los gobiernos de París y San Petersburgo, en relación a la protección de diversos santuarios, que afectaba a las confesiones católicas y ortodoxas y que desembocó en la Guerra de Crimea que enfrentó al Imperio ruso con Francia, Gran Bretaña y el Imperio otomano. Por otro lado, pocos años antes la Santa Sede había nombrado por primera vez un Patriarca latino, cuyos primeros pasos afectaron el tradicional funcionamiento de la Custodia y de modo especial el papel de España en ella.
 
El Real Decreto de Isabel II
 
En ese contexto, reinando Isabel II se promulga el Real Decreto de 24 de junio de 1853, en virtud del cual se reafirma el Patronato sobre los Santos Lugares, “uno de los más antiguos y gloriosos timbres de la Corona Española. Su adquisición y conservación ha costado al reino y sus Monarcas extraordinarios y constantes sacrificios. Por espacio de más de cuatro siglos, la nación siempre católica  fue el único sostén de los venerables monumentos de nuestra redención; y aunque después, desde mediados del siglo XVII acudieron otros pueblos cristianos al socorro de sus hermanos de Palestina, el español siguió contribuyendo más que todos juntos a tan piadoso objeto.
 
Esa prolongada y nunca interrumpida serie de auxilios vino confirmando el patronato mas legítimo y evidente que puede presentarse. Sus títulos canónico-legales de fundación, redificación y dotación se hallan además robustecidos con el reconocimiento expreso de la Puerta Otomana, con la aquiescencia de todos los Estados de Europa, y con las bulas de varios Sumos Pontífices que se complacieron en hacer secundar por la Silla apostólica los laudables esfuerzos de nuestros padres".
 
La principal de las medidas contempladas en este Real Decreto será la creación de un Consulado en Jerusalén, encargado de supervisar la utilización por parte de los franciscanos de los fondos remitidos desde España. Mientras se cubre, queda suspendido el envío de limosnas. Por otro lado, la antigua Comisaría de Tierra Santa, que estaba adscrita al Ministerio de Justicia, pasa al entonces Ministerio de Estado y queda configurada la Obra Pía de los Santos Lugares.  Todo ello con idea de asegurar la posición internacional de España en Oriente y de modo especial sus derechos históricos dentro de la Custodia.
 
En 1873 la Comisaría de Tierra Santa desaparece como órgano autónomo y la gestión de la Obra Pía queda encomendada directamente al Ministerio de Estado, creándose con posterioridad una Junta del Patronato como órgano colegiado para su gobierno. Más adelante, por Ley de 3 de agosto de 1886 se suprime la caja propia, incautándose las existencias líquidas que pasan a incorporarse al Tesoro Público. Para el cumplimiento de sus obligaciones la Obra Pía tendrá a partir de entonces una asignación presupuestaria a cargo del  Ministerio de Estado.
 
Por esa época además, al compás de una mayor presencia española en Marruecos, la Obra Pía empieza a adquirir las primeras propiedades Tánger, Tetuán, Larache y otros lugares de la costa atlántica, con destino al establecimiento de nuevas misiones para favorecer la implantación de la orden franciscana. 
 
El Patronato seglar durante la II República
 
Durante la II República por Decreto de 26 de mayo de 1932 vuelve a restaurarse un órgano colegiado en el Ministerio de Estado denominado “Patronato seglar de la Obra Pía, presidido por el titular del departamento y destinado a revitalizar esta institución. “Tiene este organismo un carácter eminentemente nacional […]. Al lado de la misión religiosa respondió la Obra Pía a otras finalidades de beneficencia o de enseñanza. Durante varios años se vinieron a pagar con sus fondos la Legación de España en Constantinopla y los Consulados de Constantinopla, Jerusalén, Damasco y Beyruth. Siempre, junto a los fines religiosos o humanitarios, sirvió también la Obra Pía a otros fines de elevada política nacional ampliando la influencia de nuestra Patria, extendiendo su nombre y su cultura, contribuyendo a la difusión del espíritu y aún del comercio de España entre diversos pueblos del Mediterráneo y del Oriente“.
 
Ley de 3 de junio de 1940
 
Por Ley de 3 de junio de 1940 se configura la Obra Pía de los Santos Lugares como una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, regida por una Junta del Patronato, presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores.
 
Situación actual
 
Con fecha de 21 de diciembre de 1994 se firma en Madrid el Acuerdo entre España y Santa Sede sobre cuestiones de interés común en Tierra Santa. Con ellos se pone fin a una serie de desencuentros sobre cuestiones patrimoniales, que habían dificultado la colaboración de la Obra Pía de los Santos Lugares con la Custodia de Tierra Santa. 
 
En dicho Acuerdo se recogen otras medidas de carácter honorífico como la  creación de un futuro museo, conservación y reposición en su caso de las Armas y Símbolos de España  y las placas recordatorias donde existían, y especialmente en los cinco Conventos en los que se ha proyectado secularmente la acción de España (San Pedro de Jaffa, San Nicodemo de Ramhel, San Juan de Montaña, Damasco y Nicosia. Además cada año, con ocasión de la fiesta nacional española, la Custodia de Tierra Santa celebrará un solemne acto litúrgico por España, en la Iglesia de San Salvador de Jerusalén, así como, también con carácter anual, y en fecha a convenir, una Santa Misa en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalen por sus Majestades los Reyes, los Gobernantes y el Pueblo de España.
 
Dicho acuerdo permitió abrir una nueva fase para la acción de la Obra Pía en Tierra Santa. Mientras, con el paso de los años, la Ley de 3 de junio de 1940 había quedado cada vez más desfasada, y muy especialmente tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, y la profunda reforma de la Administración española que ello supuso.
 
Con la ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se derogaba la normativa de 1940 quedando configurada la Obra Pía como una entidad estatal de derecho público. “Transcurridos más de setenta años desde entonces, con un nuevo orden constitucional vigente, un nuevo marco de relaciones con la Iglesia Católica, y un conjunto de disposiciones posteriores rectoras de las entidades del sector público estatal, resulta inexcusable acometer la modificación de su ley de creación con una triple finalidad. En primer lugar, para actualizar y enumerar con claridad sus fines y las competencias que se le atribuyen para su adecuado cumplimiento; en segundo lugar, para definir, de acuerdo con el ordenamiento vigente, su naturaleza y establecer su régimen patrimonial, contractual, presupuestario, contable, fiscal y de control. Y, en tercer lugar, para prever que se dote a la entidad de un nuevo estatuto que establezca una organización y unos criterios de funcionamiento acordes con los generales de la organización y modos de actuación de las entidades de la Administración Pública española de nuestros días".
 
Por Real Decreto de 1005/2015, de 6 de noviembre, se aprueba el Estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares.

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