​España mantiene un papel relevante en la lucha contra el crimen organizado.
Illicit Trafficking and Organized Crime
The United Nations report “A more secure world: our shared responsibility”, presented in 2004 by the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, identified transnational organized crime as one of the six greater threats to global stability. Over these last years, transnational organized crime has become a more menacing problem. The UN and a number of regional organizations are working to curb money laundering, drug trafficking, prostitution and arms trafficking.
01/01/2013
​La criminalidad organizada se ha ido extendiendo y ampliando paralelamente al proceso de globalización. De acuerdo con los datos facilitados en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el crimen organizado genera al año en torno a 870.000 millones de dólares, una cantidad que equivaldría al 1,5% del PIB mundial. La amenaza que representan las redes criminales afecta a todos los países y regiones del mundo, si bien las mafias operan fundamentalmente en lugares en donde existen unas débiles instituciones públicas o en donde hay partes del territorio nacional que escapan al control de las autoridades.
 
Pese a las medidas que se han ido adoptando, el crimen organizado sigue constituyendo una grave amenaza, extendiéndose a nuevas áreas geográficas y traficando cada vez con más productos. A nivel europeo, por ejemplo, Europol calcula que podría haber más de 4.000 bandas organizadas, cuyos ámbitos de actuación van desde el narcotráfico hasta el contrabando de mercancías, pasando por el tráfico de seres humanos o los delitos financieros. Esta amenaza está llevando a prácticamente todos los países del mundo y a varias organizaciones internacionales a poner en marcha diversos mecanismos para hacer frente a la criminalidad organizada.

La Asamblea General de la ONU aprobó el 15 de noviembre del año 2000 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), ratificada por España el 1 de marzo de 2002 y en vigor desde el 29 de septiembre de 2003. Esta Convención ha sido complementada posteriormente con tres Protocolos: el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”; el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”; y el “Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”. En estos cuatro textos mencionados se recogen fundamentalmente una serie de medidas policiales, legislativas y judiciales con las que luchar contra la delincuencia organizada, estableciendo por primera vez una serie de directrices globales para todos los Estados Parte en la lucha contra varios delitos relacionados con el tráfico ilícito. El objetivo último es promover la cooperación entre los Estados para combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Además de la Convención de Palermo, la Asamblea General adoptó, el 31 de octubre de 2003, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (conocida como la Convención de Mérida), en vigor desde diciembre de 2005 y ratificada por España el 19 de junio de 2006. Esta Convención se centra en promover y reforzar la prevención y la lucha eficaz contra la corrupción (incluyendo la recuperación de activos), apoyando la cooperación internacional para alcanzar este fin.

El sistema de Naciones Unidas cuenta además con la UNODC, la Oficina de NNUU Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo es hacer frente integral y globalmente a las drogas ilegales, el crimen transnacional organizado, la corrupción y el terrorismo, asistiendo a los Estados miembros en el combate de estas amenazas. Entre las funciones de la UNODC destacan: investigar y analizar el fenómeno de las drogas y el tráfico de las mismas como base para la adopción de políticas públicas; asistir a los Estados en la ratificación y la puesta en práctica de los tratados internacionales y en el desarrollo de la legislación nacional sobre las drogas, el crimen y el terrorismo; llevar a cabo programas y proyectos de asistencia técnica; concienciar a la sociedad civil del problema que suponen las drogas, el delito y el crimen organizado.

España y la UNODC mantienen una relación de cooperación muy intensa desde hace años. Nuestro país contribuye financieramente a las actividades de cooperación técnica y de desarrollo ejecutadas por esta Oficina de Naciones Unidas desde 1971. La contribución total acumulada de España a esa organización internacional, que tiene sede en Viena, desde 2007 hasta 2013, es de 4,8 millones de euros. El 70% de esa contribución voluntaria se ha destinado al mundo de habla hispana y a las actividades de reducción de la demanda de drogas y el 30% restante a fondos de infraestructura. Desde 2003, España ha contribuído también a actividades del Fondo para la Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONUDD en países iberoamericanos, de África Subsahariana  y en Somalia.

El Director Ejecutivo de la ONUDD visitó España los días 2 y 3 de abril del año 2013, y se entrevistó con los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y del Interior.  Durante la visita se firmó un Acta de Intenciones por la cual España se compromete a seguir cooperando estrechamente con la citada organización internacional en actividades de asistencia técnica y formación en todos los ámbitos de la cooperación y pone a disposición de la misma los Centros de Formación de que España dispone en Uruguay, Guatemala, Bolivia y Colombia para sus actividades en América Latina.

La Unión Europea es posiblemente la organización de carácter regional que más ha logrado avanzar en la colaboración y cooperación entre sus Estados miembros para luchar contra la criminalidad organizada transnacional. Dos pilares fundamentales de la lucha contra el crimen organizado son la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y Eurojust. La OLAF protege los intereses financieros de la Unión Europea luchando contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales. Apoya además a la Comisión Europea en la elaboración y aplicación de las políticas de prevención y detección del fraude. Eurojust por su parte es la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, compuesta por un representante de alto nivel de cada uno de los Estados miembros (fiscales, jueces o funcionarios de policía). Creado en 2002, el objetivo de Eurojust es reforzar y mejorar la cooperación y coordinación entre las autoridades nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea.

España participa activamente en el seno de la Unión Europea en todas las reuniones e iniciativas dirigidas a la lucha contre el crimen organizado de carácter internacional. Un botón de muestra de ello es el programa COPOLAD dirigido a América Latina que España lidera

En el marco del Consejo de Europa se firmó el 23 noviembre de 2001 en Budapest el Convenio sobre Cibercriminalidad, en vigor desde julio de 2004. Tal y como se recoge en su preámbulo, el Convenio de Budapest persigue impulsar una política penal común entre sus miembros destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio, mediante la adopción de una legislación apropiada y de una mejor cooperación internacional.

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