África es una prioridad estratégica y política para España. Para gestionar y planificar el crecimiento de nuestra presencia en la región, se aprobaron sendos Planes África y en 2018 está previsto que se apruebe un III Plan que se incardinara en la Estrategia de Acción Exterior de España de 2014, así como en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Hoy, la realidad africana plantea nuevos retos. Junto a la persistencia de problemas como la pobreza, el sida o las amenazas contra la paz y la seguridad, el avance de la democracia, el crecimiento económico y las dinámicas de integración regional abren nuevos escenarios.
Así, las fuerzas demográficas y económicas van a transformar el continente en las próximas décadas. En este contexto, el Gobierno español quiere contribuir a impulsar una visión de África como un espacio de crecimiento inclusivo y sostenible, de paz, seguridad, estabilidad política, y respeto a los derechos humanos. Ese interés nacional español coincide ampliamente con los objetivos de los propios países africanos, expresados en la Agenda 2063 de la Unión Africana.
A nivel subregional, nuestros esfuerzos se centran en el Sahel, el África Occidental y el Cuerno de África, sin olvidar a los países de la SADC y a Guinea Ecuatorial.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene su origen en la firma del Tratado de Washington de 1949 por el que doce países de ambos lados del Atlántico se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión a cualquiera de ellos. Actualmente, cuenta con 29 países miembros, 21 socios de cooperación en el Consejo de Asociación Euroatlántico (CAEA), siete en el Diálogo Mediterráneo, cuatro países participantes en la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICE) y nueve "socios alrededor del mundo". España se convirtió en el miembro número 16 de la OTAN el 30 de mayo de 1982.
La globalización es un proceso histórico de múltiples facetas, políticas, económicas, culturales y medioambientales, que ofrece grandes oportunidades para avanzar en el desarrollo mundial. El comercio, los flujos financieros y la modernización de las comunicaciones electrónicas han permitido una creciente integración de las economías de todo el mundo.
El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Se trata de la institución de este tipo más antigua de nuestro continente y engloba a la totalidad de las naciones europeas con la sola excepción de Bielorrusia. Tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo y su órgano más activo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, considera que la ayuda al desarrollo es una de las principales obligaciones del Estado dentro de su acción exterior. El objetivo del Ministerio es mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de los países más desfavorecidos, con el fin de erradicar la pobreza y crear un mundo más igualitario. La política de ayuda al desarrollo ha contado con el respaldo y consenso de la sociedad española, desde la Administración Central a las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los grupos de acción civil como ONG o sindicatos.
La política de derechos humanos va adquiriendo cada vez una dimensión mayor. Se incluyen cuestiones relativas a los derechos humanos en las agendas de todos los contactos bilaterales a cualquier nivel y con gobiernos de todas las regiones del mundo. Para proteger a aquellos defensores de derechos humanos amenazados, España cuenta actualmente con un mecanismo de respuesta rápida a situaciones de emergencia.
El desarme progresivo, el control de armamentos, y la no proliferación de las armas de destrucción masiva constituyen tres objetivos claves y complementarios para avanzar hacia la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales, sobre los que el compromiso de España es claro y continuo.
Hay en la actualidad un consenso científico en torno a que el modelo de producción y de consumo está alterando el clima del planeta. Y ello -advierten los expertos-, se puede traducir en severos impactos de toda índole.
El desarrollo tecnológico ha contribuido a la aparición y consolidación de nuevas vías de comunicación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, como internet y las redes sociales. Se calcula que en España, 22 millones de usuarios disponen de perfiles activos en una o varias redes sociales a los que dedican, de media, 1 hora y 54 minutos al día. Se ha trabajado intensamente en los últimos años para incrementar la eficacia y transparencia y facilitar la conexión y el diálogo con los ciudadanos a través de las redes sociales e internet.
El 1 de enero de 2018 España ha iniciado su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020, tras haber sido elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión que tuvo lugar en Nueva York el pasado 16 de octubre. Es la segunda vez que España forma parte de este Consejo, tras un primer mandato entre los años 2011 y 2013.
Los Estados Unidos de América son un estado amigo, aliado y socio fundamental para España con el que nos une una excelente e histórica relación bilateral que tiene una gran proyección de futuro en el Siglo XXI. Su lugar en el mundo, como uno de los actores principales de la escena internacional, convierte a ese país norteamericano en un aliado y socio indispensable para España en política exterior, defensa, seguridad y desarrollo económico y tecnológico. Un aliado con el que pocos países en el mundo tienen unos vínculos históricos, culturales y lingüísticos tan fuertes y con el que compartimos los mismos valores democráticos e intereses geoestratégicos.
Creado en 1999, el Grupo de los 20 (G-20) está integrado por los países del G-8 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia), más la Unión Europea, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. A España se le considera como un invitado permanente.
En los últimos diez años, España y los países que conforman América Latina han experimentado profundos cambios que han motivado un nuevo enfoque en las tradicionales relaciones. La región crece a un ritmo muy superior que el que se logra en Europa, sus proyectos de integración y concertación de distinta naturaleza se multiplican y la dotan de una mayor conciencia regional; además, muchos países latinoamericanos empiezan a orientar sus prioridades geoestratégicas y comerciales hacia el Pacífico.
El Mediterráneo es una de las regiones tradicionales de la acción exterior española. A día de hoy, tres razones justifican la relevancia de la política mediterránea: representa una cultura compartida para todos los pueblos ribereños; presenta unos desafíos comunes a los que hacer frente de manera coordinada, y es un espacio idóneo para el diálogo con las sociedades árabes.
España tiene como una de sus prioridades en política exterior el fomento de instituciones multilaterales fuertes y legítimas que permitan avanzar hacia un mundo en paz, próspero, en el que se protejan los derechos básicos del ser humano y se fomente un desarrollo compatible con la cohesión social y la preservación del medio ambiente. Para el logro de ese objetivo, la instancia de mayor legitimidad global es la Organización de Naciones Unidas, clave para la paz y la seguridad internacional, el fomento y protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
En su larga tradición como país de entendimiento entre culturas y civilizaciones, España ha mantenido y mantiene una política exterior muy activa tanto en el Magreb como en Oriente Próximo.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es el mayor organismo de seguridad regional, creado con el objetivo de prevenir conflictos en Europa y su entorno. La OSCE tiene su origen en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en Helsinki en 1975. Actualmente, la organización agrupa a 57 Estados de Europa, Norteamérica y Asia Central.
La Política Europea de Vecindad es una línea fundamental de la acción exterior de la UE. Fue creada en 2004, en el contexto de la ampliación de la Unión, iniciándose su ejecución práctica durante las Perspectivas Financieras (2007-2013). La PEV se ha ido enriqueciendo, con la incorporación de los países vecinos del Sur, y con la mejora de sus ofertas, dotación y principios de aplicación para reforzar así el bienestar general, tanto en su vertiente oriental como en la meridional.
Miles de ciudadanos inocentes murieron en los atroces atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de julio de 2005 en Londres, consecuencia de ataques planeados y perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda. Unos crímenes que para algunos marcaron un cambio de era, y que han generado un cambio en la manera en que Estados y ciudadanos perciben su seguridad. El terrorismo supone hoy por hoy la mayor de las amenazas a los logros y derechos conseguidos en materia de justicia, seguridad y libertades. No existe ningún tipo de justificación para los actos terroristas, que merecen la más firme y rotunda condena.