Los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), integrada por más de medio centenar de Estados, la mayor parte de ellos en Europa, entendieron en la década de los noventa, tras el final de la Guerra Fría, la necesidad de cooperar con otras instituciones para garantizar su propia seguridad. De esta forma, dado que algunas de las naciones de la OSCE limitan con el Mediterráneo, para ese organismo se hizo crucial extender sus relaciones a esa región, con lo que se creó el grupo de Socios Mediterráneos para la Cooperación (MPCs por sus siglas en inglés). En esta iniciativa se incluyen Argelia, Egipto, Israel, Jordania (desde 1998), Marruecos y Túnez (desde 1994). Estas relaciones implican la organización de seminarios centrados en tratar asuntos específicos de la región mediterránea, reuniones regulares del Grupo de Contacto Mediterráneo con los países miembros de la OSCE y los socios mediterráneos, así como la celebración de Foros Parlamentarios sobre el Mediterráneo.
Precisamente, ese Grupo de Contacto de la OSCE fue establecido en el marco del Consejo permanente del organismo para facilitar el intercambio de información de interés mutuo y la generación de ideas (Cumbre de Bucarest de 1994). A pesar de que estos encuentros son de carácter informal, los Estados participantes de la OSCE y los socios están representados normalmente por sus embajadores. Además, los encuentros entre el Grupo de Contacto y los socios  están precedidos por una serie de reuniones para preparar la agenda del encuentro y explorar otros tipos de cooperación en la dimensión mediterránea de la OSCE. El Grupo de Contacto invita también a sus reuniones a representantes de otras organizaciones internacionales.

Por otra parte, el denominado Diálogo Mediterráneo de la OTAN (Mediterranean Dialogue, MD), creado en 1994 por el Consejo del Atlántico Norte, agrupa a siete países no miembros de la alianza estratégica de la región mediterránea: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mauritania, Marruecos y Túnez. Esta iniciativa forma parte también de la adaptación de la Alianza a una nueva situación de seguridad y es un componente importante de la política de alianzas y cooperación de la organización. El Dialogo Mediterráneo refleja la visión por parte de la OTAN de que la seguridad en Europa está estrechamente ligada a la seguridad y la estabilidad en la esa región.

Otro marco de cooperación entre estas regiones es el Programa MENA de la OCDE, que prima el desarrollo y la creación de un clima  favorable para la iniciativa empresarial y el crecimiento económico en ambos sentidos. Se trata de una iniciativa puesta en marcha a finales de 2004, siendo ésta la primera vez que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desarrolló su actividad con los países árabes. La iniciativa promueve reformas para fortalecer la inversión, modernizar las estructuras gubernamentales y administrativas, y promover un crecimiento económico sostenible en la región MENA (Middle East and North African Countries). La iniciativa establece una red regional de funcionarios públicos, en la que también participa el sector privado, ONGs, organizaciones internacionales y agencias de donantes.

En un ámbito más político y jurídico se mueve el Consejo de Europa, organización destinada a definir, mediante la cooperación de los estados miembros, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Desde 1989, el Consejo ha desarrollado su propia política de vecindad que pretende poner en común su experiencia en la promoción de los principios democráticos más allá de sus fronteras. Esta iniciativa se ha vuelto indispensable en un momento en que algunos de los países árabes están viviendo importantes transformaciones políticas y procesos de democratización que el Consejo de Europa puede asistir y reforzar a través del Centro Europeo para la Interdependencia Global y la Solidaridad, más conocido como Centro Norte-Sur. Sus objetivos, entre otros, se basan en ayudar a afianzar transiciones democráticas, auxiliar en la implantación de fórmulas de buen gobierno, siguiendo los estándares de los países miembros del Consejo o participar como observadores en procesos electorales.