Según un informe de la Comisión Europea (CE), de 2006, la UE recibirá 40 millones de inmigrantes hasta 2050. La población activa se reducirá en 48 millones y la UE pasará de 4 a sólo 2 personas activas por cada jubilado.
Para paliar el problema de la inmigración ilegal, el Gobierno utiliza varias herramientas y concentra sus esfuerzos en prevenir que estas personas lleguen a entrar en el país. Este es el objetivo de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, así como de los radares colocados en las costas españolas que conforman el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, ubicados en Algeciras, Málaga, Mallorca, Cádiz, Ceuta y Canarias.