Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres.
La violencia machista vulnera el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia.
Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre en el centro a las víctimas, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades.
El año 2022 ha marcado un punto de inflexión en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Una ley que nos permite avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia. La ley tiene por finalidad adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas Administraciones competentes, para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral a todas las mujeres víctimas y asegurar su reparación. Con ella se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, y se cierra la brecha existente en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra 2 las mujeres, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Así mismo, con esta ley se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020.
A los efectos de la citada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, se entiende como violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Ello incluye la agresión sexual, el acoso sexual, la explotación de la prostitución ajena, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual.
Además, se ha mejorado ell acceso de las mujeres a la justicia con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo principal es asegurar un nivel de calidad que garantice el derecho a la defensa. Para ello, se establece que los profesionales de la Abogacía y de la Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no pueden contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Esta prohibición se extiende a las víctimas de trata de seres humanos, para que los profesionales no puedan ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que han sido condenados.
Otro de los hitos importantes de 2022 ha sido el intenso esfuerzo desarrollado conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, partiendo del compromiso político expresado, el 25 de noviembre de 2021, por la mayoría de grupos políticos de renovar el Pacto de Estado, conscientes de que este Pacto debe continuar vertebrando nuestra respuesta como país frente a la violencia machista. Sobre esa base, la Conferencia Sectorial de Igualdad en febrero de 2022 comenzó un trabajo intenso para la ampliación, mejora y renovación de los acuerdos y los instrumentos presupuestarios y administrativos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para garantizar la continuidad de los proyectos vinculados al mismo.
Fruto de ello es el Acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de Tenerife de 22 de julio de 2022, relativo a la aprobación de un Marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres cuyo objetivo es reforzar la colaboración entre las instituciones con competencias en esta materia a los efectos de mejorar la articulación de una respuesta interinstitucional integral, eficaz y coordinada contra las violencias machistas, y asegurar la existencia, en todo el territorio del Estado, del conjunto de servicios que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres consagrados en la legislación estatal vigente y en los tratados internacionales en la materia suscritos por España. Este Marco de cooperación se ha traducido hasta el momento en la elaboración, a través de un trabajo colaborativo conjunto con todas las administraciones territoriales, de un Catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en Materia de Violencia contra las Mujeres. Este Catálogo nos va a permitir definir los estándares mínimos que deberán regir las políticas públicas de lucha contra las 3 violencias machistas tanto a nivel autonómico como estatal. Entre ellos se recogen la prevención y sensibilización frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, para lo cual resulta imprescindible la educación en igualdad desde una perspectiva feminista e interseccional. Se impulsará además la investigación y la recogida de datos que nos permitan definir de forma adecuada las políticas públicas. El Catalogo también contiene los estándares mínimos en cuanto a la asistencia social y reparación integral a las víctimas, y también a la protección y el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencias machistas. La finalidad de este Catálogo es asegurar que todas las víctimas de violencia machista tengan sus derechos garantizados con independencia del lugar en el que residan.
Asimismo, este año se aprobará la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que va a constituir el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años. La Estrategia se ha diseñado a través de un proceso participativo para analizar las propuestas y demandas de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencias machistas.
Para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales para eliminar cualquier práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres. La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier gobierno que esté comprometido con la protección de los derechos humanos. Esta es una tarea en la que debemos caminar con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista, y en definitiva, con el conjunto de la sociedad. En especial debemos agradecer y reconocer los esfuerzos de millones de mujeres que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, desde las instituciones, han contribuido a que nuestro país sea hoy, pese a todos los retos que aún tenemos pendientes, una referencia en la lucha contra las violencias machistas y a que cada vez haya más garantías para el ejercicio de los derechos de todas las mujeres.
El compromiso del gobierno de España en la lucha contra las violencias machistas se extiende al servicio exterior en el marco de la política exterior feminista. España se sitúa en primera línea de la movilización internacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y colabora con los países socios en el desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y perseguir a los perpetradores. Al mismo tiempo, la asistencia consular a las mujeres españolas víctimas de violencia en el extranjero es una de las prioridades de nuestras Oficinas Consulares en el mundo, en estrecha coordinación con los otros Ministerios competentes, disponiendo además, desde julio de 2022, de un novedoso mecanismo de ayuda de protección y asistencia consular orientada a las víctimas de violencia contra la mujer en el exterior.
La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia, y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están entre nosotros y nosotras, y a sus familias, así como a todas las supervivientes.